Tomás Gómez
“Ni estamos frente a la tutela de un derecho fundamental, ni existe arbitrariedad en la decisión de la moratoria, porque el Estado tiene el dominio público de las fuentes y depósitos de petróleo y otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, sobre el que ejerce plena y exclusiva soberanía”.
Así reiteró la Procuraduría General de la República (PGR), una vez más, que no hay roces con legalidad en las iniciativas para prohibir la exploración y explotación petrolera en el país.
Durante los últimos años se han barajado propuestas para permitir la exploración y explotación petrolera en el país.
Tras una revisión del proyecto más reciente, la Procuraduría señala que al haberse sumado a procesos internacionales como la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kyoto, “Costa Rica asumió el compromiso de reforzar el régimen normativo para garantizar una respuesta global y oportuna contra el cambio climático”.
A eso se suman otras iniciativas internacionales como el Acuerdo de París, que han actualizado los parámetros mundiales.
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También existen las iniciativas locales sobre carbono neutralidad, adaptación climática y otras estrategias; donde se insiste en la conciencia nacional sobre el freno a la industria petrolera.
“Se reconoció que los proyectos de ley sometidos a consulta son acordes con los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país en materia climática y resultan coherentes con los fines perseguidos por el Poder Ejecutivo en el Plan de Descarbonización para Costa Rica 2018-2050”, insistió la Procuraduría recordando pronunciamientos anteriores.
La Constitución también avala frenar explotación de petróleo
Dentro del pronunciamiento de la Procuraduría resalta un análisis del tema desde la Constitución Política, máximo referente del derecho local.
“La pretensión de declarar a Costa Rica como territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas y de prohibir el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para exploración o explotación de esas sustancias, se enmarca dentro del ejercicio de la potestad dispuesta en la Constitución Política”, manifiestan.
Específicamente se trata de las regulaciones de los siguientes artículos:
- Artículo 6: se garantiza la protección del país a los territorios marítimos que posee para “proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y riquezas naturales; existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas”.
- Inciso 14) del Artículo 121: garantiza que los “yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional” son estatales y solo podrían llegar a explotarse mediante una concesión de tiempo limitado.
Sumado a ello están decretos de Gobiernos anteriores que impulsaban las moratorias de explotación petrolera. Estos pasaron el filtro de la Sala IV, que también respaldó la potestad del país a regular el tema.
La exploración y explotación de petróleo en Costa Rica incluso intentó llevarse a referendum pero el plan no se concretó (Archivo)
Años de impulso
Entre las iniciativas que se han movido para elevar a rango de ley la prohibición de la explotación petrolera están:
- 20641: Ley de Combustibles; Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas
- 22.819: Ley para eliminar el uso de combustibles fósiles en Costa Rica; y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas natural
- 22.735: Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica; y de declaración del territorio nacional como un país libre de exploración y explotación petrolera y de gas natural.
A estos se unió en la actual legislatura el 23579, denominado “Ley para declarar aCosta Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas”; impulsado por el diputado gobiernista Manuel Morales.
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Sobre este último se dio el pronunciamiento de la PGR; que sugiere tramitarlo en conjunto con el 22.819.
“Se recomienda que el estudio y tramitación del presente proyecto se haga de manera conjunta con esa otra iniciativa”, anota el dictamen.
Como única observación, eso sí, se pide revisar qué pasaría con el personal de la Dirección General de Hidrocarburos.
Los proyectos de ley muchas veces son consultados a la Procuraduría General de la República (Alonso Solano/El Observador)
