Desde la Columna
Por Viviana Blanco Barboza/ Economista especializada en Competencia Económica; Profesora de LEAD University
Una política de competencia efectiva puede detonar una gran cantidad de beneficios para el bienestar social de un país, entre ellos, favorece la innovación, la productividad y la competitividad de las empresas. Cuando existe competencia en los mercados, las empresas se esfuerzan por ganarse el favor de los clientes y ser más eficientes, lo cual deriva en más opciones de bienes y servicios, más calidad y una disminución del precio final pagado.
Además de los beneficios anteriores, estudios recientes realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como por diversas autoridades de competencia en el mundo, señalan que la política de competencia también puede contribuir a reducir la desigualdad de género.
Al promover la competencia en ciertos mercados es posible incentivar la incursión de las mujeres al mercado laboral. Por ejemplo, si se fomenta la competencia en mercados destinados al cuido de personas mayores, niños o enfermos, los precios de estos servicios pueden disminuir y ser más accesibles para las familias, con lo cual las mujeres -quienes dentro del hogar son las que se dedican principalmente a este tipo de trabajos no remunerados- podrán incorporarse a la fuerza laboral y obtener trabajos remunerados.
La subutilización de las mujeres en el ámbito laboral no solo constituye un desperdicio de su contribución a la riqueza y productividad del país, sino que también daña la competencia y la eficiencia de los mercados y puede hacer que las empresas cobren precios más elevados a los consumidores.
Una mayor inserción de la mujer en los mercados laborales y un mejor aprovechamiento de sus conocimientos y habilidades, hace que las empresas tengan más opciones al momento de contratar, pudiendo elegir al recurso humano más capacitado, esto les permitirá competir mejor y ser más eficientes, al tiempo que permitirá al país transitar hacia una sociedad más equitativa y por ende a un mayor bienestar general.
La competencia también puede reducir la brecha de género al hacer que ciertos mercados estén más disponibles para las mujeres. El acceso al crédito es un claro ejemplo de ello. Las mujeres tradicionalmente enfrentan mayores restricciones para obtener créditos, porque son consideradas como deudores más riesgosos. Esto provoca que las mujeres vean reducidas sus posibilidades de emprendimiento y que empresas dirigidas por mujeres que podrían ser eficientes queden fuera del mercado.
Otro elemento que puede impactar la política de competencia es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Algunas agencias de competencia han intervenido en los mercados laborales, reduciendo dicha brecha.
En México, por ejemplo, la autoridad de competencia sancionó la existencia de un acuerdo entre empresarios deportivos que establecía topes máximos a los salarios de las jugadoras de futbol, así como otras condiciones específicas de su contrato laboral.
Este tipo de acuerdos colusorios no solo resultan contrarios a la ley de competencia en muchos países, sino que, además, en este caso, acentuaban la brecha de género, pues los topes máximos establecidos para los salarios femeninos eran muy inferiores a los de sus homólogos masculinos.
Por tanto, una política de competencia efectiva, acompañada de una visión inclusiva de género, puede ser una herramienta muy valiosa para eliminar barreras artificiales que: impiden a las mujeres el acceso a ciertos bienes, restringen su ingreso a la fuerza laboral y dificultan el desarrollo de nuevos negocios por parte de empresarias.
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