Josué Alvarado
Durante 73 años las hijas de exdiputados y otros ex funcionarios públicos que eran mayores de 25 años y que no estaban estudiando pudieron recibir la pensión de su padre o madre al momento de la muerte.
La ley 148 del año 1943 daba el beneficio de la pensión a las “hijas no casadas o inválidas” de algunos funcionarios públicos tras el fallecimiento, sin importar otros factores, como la edad.
Aplicaba para familiares de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la Asamblea Legislativa.
Esta es una de las razones por las que al menos 25 viudas e hijas de exdiputados figuran entre la lista pensiones que el Gobierno de Rodrigo Chaves pretende llevar a la vía judicial, a través de un proceso de lesividad.
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Dichas personas ya habían recibido el beneficio antes de que se eliminara el privilegio en el 2016.
“Los cónyuges sobrevivientes de los mencionados exfuncionarios y las hijas no casadas o inválidas tendrán el mismo derecho.
“La pensión de los exdiputados jubilados por cualquiera de los regímenes de pensiones se incrementará cada año en su treinta por ciento sobre el monto de la pensión que disfruten”, establecía el artículo 13 de la Ley 148 o Ley de Pensiones de Hacienda.
Derogada en el 2016
Desde el 2016 rige la Ley 9381, que dejó sin efecto estos beneficios otorgadas a las hijas e incluso a los hijos, pues en el lapso de los 73 años la pensión también se otorgaba a los hombres, con las mismas condiciones.
El nuevo reglamento estableció que los hijos e hijas recibirían el beneficio solo si eran menores de 18 años de edad y estaban solteros o si eran menores de 25 años, solteros y demostraban que eran estudiantes.
Desde entonces se han hecho más reformas, con el fin de limitar los beneficios que se otorgaban a hijos e hijas. Algunos de ellos recurrieron a la Sala Constitucional con el fin de mantener los pagos recurrentes.
78 exdiputados o familiares
EL Gobierno pretende eliminar el exceso de pago en el tope de las pensiones de 78 exdiputados de la República, o sus familiares, quienes a la fecha reciben mensualidades superiores al tope que establece la ley.
El máximo que deberían recibir -según el criterio del Ejecutivo- es el equivalente al salario de un diputado, es decir, ¢3.982.371.
De ese grupo, la viuda del exdiputado Julio Ruiz Solórzano es la que lleva más tiempo recibiendo la pensión que heredó: desde 1963.
El Presiente Rodrigo Chaves manifestó que la decisión de iniciar el procedimiento legal se basa en el pronunciamiento C-369-2020 de la Procuraduría General de la República, del 17 del setiembre del 2020, en el cual se establece que estas pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla.
