Tomás Gómez
A las puertas de la elección de un nuevo Fiscal General, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, expuso varias críticas contra la Fiscalía de Anticorrupción y Probidad (Fapta), que a su criterio enfrenta problemas en los cuales el próximo jerarca debería concentrarse.
“La Fiscalía de Probidad enfrenta muchos problemas y mucha lentitud . Cuando llevan los casos ha pasado mucho tiempo, yo creo que si hay algo a lo que debe prestarle atención el Fiscal general que se designe es a ese tema”, afirmó Cruz durante la presentación del informe anual de labores.
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De acuerdo con él, esta dependencia es particularmente sensible para el liderazgo de un Fiscal General. Mientras en otros temas la persecución de delitos es más oficiosa, en crimen organizado y temas de poder cada jerarca deberá establecer su estilo.
Cruz llegó a considerar que hay una “pasividad” estructural que hace lenta a la Fapta.
“Hay lentitudes que son estructurales. Hay denuncias contra miembros de los supremos poderes se duran 2 o 3 años y son absueltos de puro derecho”, alegó.
Fiscalía vs. Tráfico de Influencias
Uno de los puntos donde Cruz fue especialmente crítico fue con el delito de tráfico de influencias, por el que recurrentemente se acusa a políticos y funcionarios públicos.
Hasta la fecha nadie ha sido condenado por ese delito, lo que a criterio de Cruz debería llamar la atención de los Fiscales.
“Si usted quiere un delito que siempre acusa por tráfico de influencias y no ha habido una sola condena algo no está funcionando en ese delito; entonces me parece que eso más corresponde a una dirección técnica del propio fiscal general para poder valorar”, explicó.
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El presidente judicial sí señaló ahí a los anteriores fiscales generales -Jorge Chavarría y Emilia Navas-. A su criterio, no hicieron propuestas de ajustes concretos pese a las acusaciones que hacían, sobre todo Navas.
“Tanto don Jorge Chavarría como doña Emilia, no han tenido mayor participación en proponer reformas que permitan resolver deficiencias”, citó.
Según la normativa vigente, el tráfico de influencias se configura cuando los funcionarios públicos se valen de su cargo para que hacer que otros hagan, retarden u omitan acciones propias de sus funciones, generando así ventajas indebidas para sí mismos o terceros.
Según la Ley contra la Corrupción, su pena va de dos a cinco años de prisión.
