Hermes Solano
Entre los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad está una reforma constitucional que pretende extraditar a ciudadanos costarricenses vinculados con organizaciones criminales.
Esa iniciativa se presentó en abril de este año y está convocada a sesiones extraordinarias. Al ser una reforma a la Constitución Política el proceso es largo, por lo que no es una solución inmediata a la problemática nacional.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias está en contra de este proyecto y ya dijo que lo votará en contra.
“Yo la votaría en contra porque me parece que esa no es la solución al problema”, indicó el diputado, quien explicó, para él, donde es que se está generando la problemática en el país.
“El origen del problema es que hay personas extranjeras vinculadas al narcotráfico que se casan con costarricenses y adquieren la nacionalidad”, añadió.
Además, Arias considera que una posible aprobación tendría implicaciones y sería dilatoria de los derechos humanos para los costarricenses.
Al ser una reforma constitucional tiene que pasar varios procesos. En este momento está a la espera del voto de admisibilidad.
“Ese proyecto está en la agenda legislativa para conocerlo los miércoles y está para votarse si se le da admisibilidad para que pase a una comisión donde se analice la conveniencia o no de que se dé la reforma”, indicó el jerarca del Poder Judicial.
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La fracción oficialista presentó la iniciativa en abril. (Archivo/El Observador)
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa, a la que se le dio el expediente 23.701 pretende reformar el artículo 32 de la Constitución Política, que dice:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
Se pretende que los ciudadanos que cometan delitos de narcotráfico o terrorismo en el extranjero y se refugien en Costa Rica, sean entregados a las autoridades del país que los requiera.
Así quedaría el artículo con la reforma:
“Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un Tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
“Es un paso en la dirección correcta”, señaló Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, quienes pusieron el proyecto en la corriente legislativa.
Con buenos ojos
Las autoridades judiciales; Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Ministerio Público están a favor de que se puedan extraditar a costarricenses a los países que los requieren por ese tipo de delitos.
“Debemos cumplir con esos estándares internacionales y proceder ya a la deportación de nacionales que se vean vinculados en diferentes actividades delictivas”, indicó Mauricio Borascho de la fiscalía.
“Estas extradiciones sirven para que las personas que vayan a Estados Unidos en algún momento, después de un año, dos años, de estar ahí, de estar en una prisión contenidos de manera totalmente segura y sin acceso a comunicación al exterior muy probablemente va a generar insumos”, indicó por su parte Rándall Zúñiga, director del OIJ.
Quien también está de acuerdo es la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, según lo dijo meses atrás tras sostener una reunión de seguridad con la fracción del PUSC.
“El tema de la extradición es un tema de fondo y tengo que decir que ese proyecto lleva mi firma, de manera que estoy de acuerdo”, dijo, recordando que en su Gobierno presentaron una iniciativa similar.
La expresidenta justifica su posición al respecto señalando que de esa manera se ataca también el problema del narcotráfico en el país.
“Estamos hablando de un fenómeno global, de criminalidad organizada transnacional y si no estamos dispuestos a darle instrumentos a los jueces para que extraditen costarricenses cuyos delitos están impactando otros países, no estamos contribuyendo a la solución del problema”.
Cortesía: Asamblea Legislativa.
Apuesta por otro
El presidente legislativo presentó en junio de este año, junto al diputado del PLN Danny Vargas el expediente 23.800 “Reforma del artículo 18 de la Ley N° 1155, Ley de Opciones y Naturalizaciones, de 29 de abril de 1950”.
“Establece que si una persona que se ha casado con una costarricense y se le encuentran vínculos con el narcotráfico ese matrimonio se puede anular”, explicó Arias.
Esto dice la propuesta de los verdiblancos:
“Artículo 18- Es nula, de pleno derecho, la naturalización que fraudulentamente haya obtenido un extranjero con violación de los requisitos que dispone esta ley. En consecuencia, en cualquier momento en que se compruebe que al solicitar u obtener la carta, el individuo naturalizado suministró algún dato falso o fue condenado antes por un delito de los que señalan los incisos 2) y 3) del artículo 15 de esta ley o que el objeto de su naturalización fuera el de propagar doctrinas o medios totalitarios, contrarios al sistema democrático, el Registro Civil, mediante información que se levante ante sus oficios, a instancia de la Procuraduría y con audiencia del interesado, procederá a anular la carta de naturalización, si resultara comprobado el cargo. La resolución será apelable ante el Tribunal Supremo de Elecciones dentro de los cinco días posteriores a la notificación”.
“Igual procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado tiene o ha tenido procesos penales por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero”.
