Paula Ruiz
El presidente de la República, Rodrigo Chaves señaló este miércoles a la Asamblea Legislativa por haber acordado iniciar una investigación sobre el permiso otorgado a la firma alemana Dekra para brindar el servicio de la revisión técnica de vehículos en el país.
Chaves defendió que esta firma “bajó el precio a la mitad y que ha mejorado el servicio cuando Riteve no tuvo, en 22 años, un concurso y a veces ni contrato, por sumas que creemos debieron darnos una medalla”.
Las declaraciones las ofreció durante la conferencia del Consejo de Gobierno este miércoles en Casa Presidencial.
Los diputados miembros de la Comisión Especial Desarrollo de la Infraestructura del País acordaron investigar el proceso de adjudicación del permiso en precario para ofrecer el servicio de la revisión técnica que se dio a Dekra.
También indagarán la emisión de un decreto ejecutivo que permite a esta firma cobrar la tarifa completa de un servicio de inspección vehicular cuando presente dos o más faltas en lugar de cobrar la tarifa de reinspección fijada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Desde el 24 de agosto del 2022 el Gobierno anunció que esta compañía sería la encargada de dar el servicio de inspección técnica de vehículos en el país, por un período de dos años y bajo un modelo de servicio de uso en precario.
Mientras que el 25 de octubre de ese mismo año, el Poder Ejecutivo emitió el decreto N. 43557-MOPT mediante el cual se modificó parcialmente el reglamento de la revisión técnica vehicular para que los vehículos paguen una tarifa completa cuando deban hacer la reinspección y tengan dos o más fallas graves.
Tomando en cuenta que para el 2024 se culmina el periodo otorgado para Dekra, El Observador ha dado a conocer que la firma alemana no demostró tener la capacidad financiera requerida en el concurso para elegir a las compañías que operarán de forma definitiva a partir de octubre del próximo año.
En contraparte, solo el Consorcio Applus CR apoderado de Riteve SyC fue precalificada para brindar el servicio de inspección técnica vehicular en el país al “cumplir los requisitos y atestados solicitados, y haber alcanzado el puntaje asignado a cada factor, para así poder avanzar a la segunda etapa”.
La tercera compañía partipante fue TÜV Rheinland Cretio, S.L., cuya propuesta tampoco fue considerada como admisible.
“Se concluye que únicamente uno de los oferentes (Consorcio Applus CR) cumple a cabalidad con los requisitos de admisibilidad establecidos para el procedimiento licitatorio”, concluye el oficio elaborado por una comisión evaluadora del que este medio tiene copia.
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Para el presidente Chaves, si los diputados investigan a Dekra, de la que defendió mejores precios para la revisión técnica vehicular, también tendrían que hacerlo con la Contraloría por refutar aspectos relacionados a Ciudad Gobierno.
¿Y por qué no a la Contraloría?
El alegato del mandatario sobre Dekra tiene como raíz el hecho de que con base en su criterio, los diputados investigan este tipo de situaciones y no a la Contraloría General de la República (CGR) por decisiones tomadas alrededor de Ciudad Gobierno.
Chaves se mostró en contra de las observaciones dadas por el ente contralor al rechazar un recurso con apelación en subsidio sobre la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública cuya figura pretendía ser usada por el Gobierno para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) construya la obra en terrenos del Estado, pero como un arrendamiento por 25 años.
El mandatario defendió que Ciudad Gobierno vendría a traer ahorro al país en alquileres dado que el complejo de edificios albergaría 35 instituciones. Según el Ministerio de Planificación cada año se dejarían de pagar $17 millones que hoy se desembolsan por alquiler y mantenimiento.
“A mí me gustaría ver si Asamblea Legislativa va a investigar esta acción (de CGR sobre Ciudad Gobierno) porque hay 27.000 millones de razones al año para que el pueblo y sus representantes lo investiguen”, aseveró.
“Diputados, ustedes son bastante inclinados, bastante proclives a hacer comisiones investigadoras, yo creo que el pueblo está mirando a ver si hacen comisión investigadora de su propio órgano adjunto que es la Contraloría General de la República que es para ponerlo de manera diplomática ¡Sorprendente!”, dijo más adelante.
La opción que le quedaría al Gobierno es llevar esta obra como proyecto de ley ya que según Laura Fernández, ministra de Planificación, sería un endeudamiento.
Cabe recordar que este plan se pretende financiar con $450 millones provenientes del BCIE, cuya entidad se iba a encargar de todo el proceso de construcción y contrataciones, según lo pretendido por el Ejecutivo.
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