Presidente y ministra de Economía postergan hasta noviembre decisión sobre precio del arroz

La decisión sobre la liberalización de los precios del arroz será postergada hasta noviembre, cuando concluya la discusión de la mesa de trabajo establecida entre el Gobierno y el sector arrocero nacional.

Tanto el presidente de la República, Carlos Alvarado, como la ministra de Economía, Victoria Hernández, aseguraron que se continuará trabajando en la mesa acordada con el sector arrocero y varias instituciones del país, que tiene 90 días para dar resultados.

Esta mesa, según el acuerdo firmado el domingo, pretende una «ruta de fortalecimiento y protección» para enfrentar la desgravación arancelaria que ocurrirá en el 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (Cafta-RD).

“Todo esto es lo que tenemos que generar durante esos 90 días (…), lo mas conveniente es esperar los resultados de la mesa, dejar que la mesa trabaje ampliamente”, dijo Hernández.

Por su parte, el mandatario insistió en que el conflicto por los precios del arroz se viene arrastrando desde hace décadas, y dijo que liberar el precio del arroz “sin más” en la teoría bajaría el precio del grano pero destruiría el empleo de los productores más pequeños del país.

“Si soy Presidente para todas las personas no puedo tener solo una solución para uno”, comentó el mandatario en referencia a que debe haber un balance que beneficie tanto a los consumidores como a los productores.

“El difícil balance, a eso es que estamos apuntando”, agregó.

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Posición de “fortalecer”

El gobierno insiste en que la línea de trabajo, que incluye el acuerdo tomado el domingo anterior, se concentra en dar mayores herramientas a los productores para aumentar la productividad del sector.

“¿Cuál es la posición que yo he pedido a mi equipo y la que se ha generado y espero que emane del acuerdo? Necesitamos una modernización y apoyo al sector arrocero para que sea más productivo y compita mejor (…) y que eso nos permita avanzar en el tema, eventualmente, del precio del arroz”, dijo Alvarado.

Tanto Alvarado como Hernández volvieron a calificar como “obsoleto” el modelo de comercialización del arroz en el país.

Las declaraciones se dieron en conferencia de prensa de la actualización sobre COVID-19 de este miércoles, donde se consultó tanto a Alvarado como a Hernández sobre el acuerdo, pero Hernández no quiso referirse con amplitud al tema y fue Alvarado quien se refirió con mayor apertura.

Informes técnicos

Durante tres meses más, las recomendaciones técnicas realizadas a Costa Rica sobre la liberación de los precios del arroz quedarán en el papel para ser analizados en la mesa de trabajo.

El análisis más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Costa Rica insiste en que las exenciones a las normas de la libre competencia, como las otorgadas al sector arrocero, son regresivas e ineficientes para la economía del país.

Asimismo, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) reiteró este miércoles su recomendación de liberar los precios del arroz en todos los niveles de comercialización.

De acuerdo con la entidad, la regulación de precios, y específicamente la del arroz, que establece precios mínimos de venta al detalle en todas y cada una de las calidades del grano, perjudica a los consumidores que pagan precios mayores por arroz ante la limitada competencia.

“Además, esta política ha demostrado que no resuelve, ni resolverá los problemas de productividad del sector arrocero como no lo ha hecho en todos estos años que han disfrutado de ese beneficio”, señaló la Coprocom.

En la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), el MEIC, en ese entonces a cargo de la politóloga Mayi Antillón, contrató a la Universidad de Costa Rica (UCR) el estudio “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización”, que aseguraba que la fijación de los precios del arroz no estaba contribuyendo al aumento de productividad del grano en el país.

Aunque entre el 2013 y el 2014 la discusión parecía materializarse y quedó lista una ruta para la liberalización, las siguientes administraciones continuaron posponiendo el tema.