Josué Alvarado
Para la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, es preocupante que un sector de la población (personas y microempresas) no tenga la posibilidad de acceder a un crédito debido a los cambios que supuso la implementación de la “Tasa de usura”, que entró a regir en el 2020.
“Tenemos muchísimos emprendedores que no tienen capital para emprender.
“En el imaginario de muchos se habla de millones, pero para una señora que empezó a hacer queques o pan en la pandemia, porque fue despedida o quiere emprender con eso, y su capital es una batidora y un horno, es eso lo que necesita”, señaló la legisladora.
Jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas (Josué Alvarado | El Observador).
La Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi) calcula que desde el 2020 la implementación de la Tasa de usura provocó la exclusión de unas 60.000 personas de la posibilidad de acceder a una opción de financiamiento.
Esto quiere decir que tras no poder obtener préstamos en el sistema regulado (como bancos y cooperativas) tampoco pueden hacerlo en una compañía de microcréditos, debido a los obstáculos que creó dicha ley.
Ante este escenario, la única opción que les queda es recurrir al sistema informal.
“Todas las personas que han quedado excluidas, terminan financiándose en condiciones muy peligrosas”, explicó el ex superintendente de entidades financieras, Javier Cascante, en un conversatorio organizado por el despacho de la diputada Rojas.
La legisladora del PUSC presentó un proyecto de ley 23.101 llamado Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión social financiera en Costa Rica para tratar de corregir esta situación.
Este miércoles 1 de marzo Rojas dijo que el proyecto está cercano a salir de la Comisión de la Mujer, pese a la resistencia de algunos sectores. Adelantó que es posible que llegue al plenario en marzo, donde se discutiría y votaría.
Los efectos de la Ley de Usura
En el 2020 la Ley de Usura lo que hizo fue establecer unos topes artificiales en las tasas de interés que pueden cobrar las entidades bancarias y financieras.
Cuando se establecieron estos topes las empresas financieras, como respuesta, asumieron menos riesgos y, entonces, dejaron por fuera de la posibilidad de un crédito a una buena parte de la población más vulnerable del país: quienes no tienen garantías, con el crédito manchado, sin historial crediticio, entre otros.
Lo mismo ocurre con las microempresas, que no cuentan con las mismas características de una compañía grande y formal que puede pedir un crédito en el sistema bancario.
Las microempresas regularmente están en la informalidad, no cuentan con estados financieros, tampoco están afiliados a las cámaras empresariales y ni siquiera están en el radar de los departamentos de impuestos.
Para quienes participaron en el conversatorio el efecto negativo no solo es sobre las personas, sino también sobre estos pequeños negocios que no encuentran una oportunidad en el Sistema Bancario Nacional debido a sus características.
“Una persona se formaliza económicamente y luego se formaliza en otros aspectos, como la tributaria y luego la formalización de la economía, como un todo, puede venir después”, señaló el economista y consultor en inclusión financiera y desarrollo, Carlos Moya.
“Proveedor del crédito tiene que analizar la capacidad del pago”
Instacredit, Financiera Finca, Multicréditos, Zenziya, Financiera Monge y CTS son algunas de las empresas que forman parte de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que pide cambios en la ley para poder atender a esta población que hoy no cumple con los requisitos.
Los microcréditos son de montos menores a ¢693.300, o bien, que no superen un monto máximo de 1,5 veces el salario base del oficinista 1 del Poder Judicial.
El exsuperintendente Cascante señaló que a nivel internacional el otorgamiento de estos préstamos tiene costos mayores para los proveedores, debido al trabajo de investigación que se debe hacer del cliente y a que los sistemas de cobranza son distintos.
Explicó que aunque los estudios se hacen en todos los créditos, en estos particularmente hay que hacer visitas al sitio, recopilar información, analizar qué tan viable es el negocio que pretende instalar (si fuera el caso).
“Los proveedores del crédito tienen que analizar la capacidad del crédito”, enfatizó.
Por esto, es natural que tengan tasas más altas, para que las empresas puedan atender el riesgo de pérdida.
“El peor error que podemos cometer es regular demasiado estos temas, porque las particularidades del microcrédito es que cada persona es un mundo diferente”, explicó.
La diputada Rojas señaló que el proyecto de ley que está pronto a entrar al plenario no es una competencia al Sistema Bancario Nacional y dice que tampoco va en contra de la Ley de Usura, aunque cree que esta sí debe modificarse.
“El sector bancario atiende a un sector bancarizado, con garantías. Nosotros con este proyecto lo que pretendemos es atender a una población más vulnerable de la sociedad”, añadió la legisladora.
Se crearían nuevas categorías
Los topes máximos a los intereses o topes de usura para el primer semestre de 2023 son:
El proyecto presentado por la diputada Rojas propone una división más específica para los microcréditos según las distintas categorías:
- Mujer
- Personal
- Personal sin historial crediticio
- Productivo
En el proyecto de ley se establece la fórmula para calcular el tope máximo para cada una de estas poblaciones, según el riesgo de no pago que representan para los proveedores, pero de tal forma que puedan ser sujetas a financiamiento.
