Juan Pablo Arias
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector alimentario costarricense enfrentarían un fuerte impacto sobre sus finanzas y verían comprometida su operación de ponerse en marcha las restricciones y prohibiciones incluidas en el proyecto de ley 22.065.
De esta manera opinan los representantes de la industria y del sector agrícola nacional consultados por El Observador, con relación a las posibles implicaciones de la iniciativa legislativa.
El proyecto crea una censura para el etiquetado de alimentos preenvasados, junto a una obligación de incluir advertencias alimentarias sobre grasas, azúcar y sodio. También impone una serie de prohibiciones sobre la comercialización y publicidad de los productos.
Por ejemplo, obliga a modificar los empaques para incluir las advertencias dentro de octágonos negros y elimina la presencia de personajes o figuras infantiles.
Las preocupaciones de los empresarios coinciden con el criterio emitido hace un año por la ministra de Economía, Victoria Hernández, sobre dicho proyecto.
En una carta dirigida a los diputados, la jerarca explicó que una variación del etiquetado requerirá un cambio en el diseño del empaque, por lo que el sector de distribución incurrirá en pérdidas por los inventarios sin vender.
Por otro lado, la industria alimentaria tendría un impacto en sus finanzas por el cambio de etiquetas, inventarios obsoletos y hasta la contratación de servicios profesionales para el cálculo de los valores nutricionales, entre otros.
“Para una pyme con márgenes bajos de ganancia, esta situación significaría poner en riesgo su operación y los puestos de trabajo de sus colaboradores y sobre todo, se podría generar un enorme estímulo a la informalidad”, indicó Hernández en el oficio DM-OF-542-20, enviado a los diputados en agosto de 2020.
El proyecto es impulsado por la diputada María José Corrales.
“Muy preocupados”
Uno de los sectores que muestra mayor preocupación es el agroalimentario, encargado de suplir los insumos para la industria, tanto de gran escala como de emprendimientos.
“Este proyecto resulta lesivo al sector agroalimentario, porque contiene prohibiciones y sanciones radicales y extremas sobre la publicidad y la comercialización”, aseveró Rigoberto Vega, vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
En opinión de Vega, el proyecto carece de sustento técnico y “resulta impropio” al anteponer realidades distintas a la costarricenses para justificar el proyecto.
“Para este proyecto no hubo consulta al sector agropecuario. Y no solo afecta al producto terminado, sino a los proveedores de las materias primas”, criticó Vega.
“Es un enfoque equivocado. Están demonizando la alimentación y están atemorizando a la población. Eso se traduciría en menor demanda de productos que, si son consumidos razonablemente, son inocuos”, agregó.
La inocuidad es la característica que garantiza que los alimentos no causan daño a la salud.
Muchos sectores se ven afectados
Los temores expresados por el representante del sector agrícola se repiten en la industria encargada de manufacturar productos listos para el consumo.
“Los azúcares, grasas y sodio son nutrientes que están presentes de manera natural o agregada en casi todos los productos alimenticios. Con esas prohibiciones se puede afectar a una gran cantidad de actores de los sistemas alimentarios”, explicó Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria.
Como ejemplo enumeró una serie de productos que se verían limitados con fuertes prohibiciones y sanciones, los cuales requieren de insumos agropecuarios: jugos, néctares, mermeladas, lácteos, verduras en conserva, atunes, cereales y snacks, entre otros.
“Toda la industria está vinculada a la agricultura costarricense. Todas estas cadenas se ven afectadas por una decisión política”, opinó.
El gremio industrial sí recibió una invitación para opinar sobre el proyecto, pero hasta la fecha no ha sido invitado a participar de una audiencia con los diputados que analizan el proyecto en la Comisión de Asuntos Sociales.
Tanto el sector agrícola como el industrial coinciden en que el proyecto en trámite adversa la reglamentación técnica centroamericana, que no puede ser modificada por leyes nacionales.
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En contra de la reactivación
Vega y Montero consideran que una iniciativa como la propuesta va en contra de la reactivación económica, en especial de las pequeñas empresas, pues no solo afecta al producto terminado sino a la red de proveedores.
La misma preocupación fue externada un año antes por la ministra Hernández, de Economía.
“En el contexto de crisis económica que vive el país actualmente, es fundamental para el MEIC como ente rector del sector empresarial costarricense, que se tenga en cuenta el impacto que conlleva la medida propuesta para las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, que viven una afectación inédita en sus ingresos, la producción y el empleo”, resaltó en el oficio DM-OF-542-20.
En la misiva a los diputados explicó que, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, existen 1.706 empresas inscritas formalmente en el sector de industria alimentaria.
De ese grupo, el 55% tienen menos de cinco trabajadores, el 74% tiene menos de nueve trabajadores, y el 89% tiene menos de 29 trabajadores.
“Esta industria produce cerca del 40% del PIB manufacturero y el 5% del PIB nacional, ofreciendo alrededor de 54.000 empleos directos, sin mencionar que el sector compra un 65% de sus ingresos a otros sectores de la economía como el sector agrícola, transporte y comercializador mediante insumo o proveeduría y es responsable del 16% de las exportaciones”, especificó.
Añadió que durante los últimos 10 años la industria alimentaria en Costa Rica ha tenido un bajo crecimiento, casi nulo en el 2019, en el año previo al golpe de la pandemia.
