Krissia Morris Gray
Muchas han sido las denuncias, quejas y cuestionamientos contra la gestión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), liderada por Yamileth Astorga, las cuales recrudecieron desde que comenzó la pandemia por covid-19.
Astorga dejará el cargo como presidenta ejecutiva de la institución a partir del 1 de enero, según una carta en la anuncia su “renuncia irrevocable”.
Uno de los casos más recientes, fue el grito al cielo de miles de abonados del AyA, quienes denunciaron el incremento exorbitante, que incluyó hasta pagos millonarios en las facturas que pagan.
Esto motivo a que tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como la Defensoría de los Habitantes, exigieran a la instancia tomar acciones para atender y revertir esta problemática.
Pese a esto, Astorga defendió su accionar en el Instituto.
Incluso, el 1° de diciembre anterior, en la rendición de cuentas institucional, remarcó que no iba a ceder a las presiones de sectores que exigían su salida.
En su momento recalcó que no había hecho nada malo, pese a la avalancha de reclamos por sobrecobros en las facturaciones.
En la Aresep, había más de 7.000 quejas contra la entidad, de clientes que exigieron la revisión de sus recibos, pero no obtenían una respuesta positiva.
También hubo abonados que se quejaron que, pese a alcanzar acuerdos de pago de los altos consumos que se les atribuía, aún así el AyA les cortó el agua, lo cual causó gran molestia.
Protestas por faltante de agua
Otra situación que empañó la gestión de Astorga, fueron las protestas y cierres de carreteras realizadas por vecinos en diferentes zonas del Área Metropolitana.
Las constantes protestas en los Hatillos, sobre la Circunvalación, en marzo del año en curso, ocasionó extensas presas vehiculares, pues vecinos de varios barrios del sur, reclamaron que pasaban horas sin agua.
Entre las preocupaciones de los vecinos afectados es que las autoridades de Salud recomendaban el constante lavado de manos para evitar el covid-19, pero ellos no tenían líquido para ello.
En este sentido, temieron que se dieran brotes de diarrea y vómito en la población, integrada por menores de edad, adultos mayores y personas enfermas a las que les urgía el suministro.
En sus quejas, los vecinos indicaron que pasaban incluso de 48 a 96 horas sin agua, y que el AyA ni siquiera respetaba los horarios de racionamientos impuestos por la misma entidad.
Y a pesar de ello, el monto de los recibos no les disminuía, sino que estos venían como si recibieran el agua de manera normal.
Al ver que no sus reclamos no tenían respuestas, vecinos de Zapote, Paso Ancho y de otros lugares realizaron protestas ante la falta de agua.
También la Cámara de la Construcción solicitó intervenir dicho instituto por el faltante de agua, pues los racionamientos también afectaron el proceso constructivo.
Este grupo cuestionó si la escasez era producto de la reducción en las lluvias o por el contrario, se debía a la falta de infraestructura importante para gestionar el uso del vital líquido.
Otras guejas fueron sobre temas de gestión internas que motivaron a Astorga a poner su renuncia.
Astorga fue presidenta ejecutiva del AyA desde el gobierno de Luis Guillermo Solís.
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Llamada de atención contralor
A los pocos días de que Astorga manifestara que se aferraba en el puesto, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que llamó la atención al AyA.
Esto por el aumento en los costos de varias obras del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José.
Las deficiencias detectadas, a criterio de la entidad contralora, obedecen a problemas de gestión atribuibles al AyA.
Se trata de tres obras del sistema de redes secundarias del Sector Norte, cuencas Rivera y Torres, ubicadas en Coronado, en las cuales el AyA invirtió ₡4.446 millones de más en total.
Según Contraloría, este excedente se debió a falta de previsión de la entidad al momento de hacer la planeación de las obras.
“En cuanto a la gestión del costo, los proyectos presentaron en promedio una variación entre el monto adjudicado y el costo final cercano a 95,3%”, se desprende del informe contralor.
Otras denuncias
Además, dentro de la lista de denuncias de sindicatos, efectuadas contra la funcionaria, destacan:
- Gasto de ₵600 millones en la compra de 16 vehículos para la reparación de averías, los cuales estuvieron en desuso por largo tiempo.
- El nombramiento, en tiempo récord, de la hija del exministro de la presidencia, Victor Morales, en un puesto dentro del AyA.
- Posible tráfico de influencias en el nombramiento de personal que no reunía los requisitos.
- Problemas de equilibrio financiero encontrados por la auditoría interna.
- Baja ejecución en proyectos importantes para el suministro de agua a diferentes poblaciones.
- La entidad tendrá que pagar una multa por $6 millones, por perder un arbitraje, por errores de la institución que llevó a la paralización, en su momento del “Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José”.
- La creación de supuestas estructuras paralelas a lo interno del AyA.
- Denuncias sobre la exigencia de Astorga a los sindicatos de no acudir a los medios de comunicación a poner quejas de problemas institucionales.
Embates e insultos públicos
En su carta de renuncia irrevocable al puesto, Astorga afirmó que ha enfrentado embates e insultos públicos en los últimos siete meses.
“Yo he venido enfrentando como Presidenta Ejecutiva, amparada en mis principios y mi conocimiento especializado sobre la gestión del agua, todos los embates e incluso los insultos públicos que se han dado a lo largo de los últimos siete meses”, dijo Astorga.
Añadió que ” creo que por la salud del país, del Gobierno y de mi propia persona, ha llegado el momento de presentarle de manera irrevocable mi renuncia al cargo en el cual usted tan honrosamente me reconfirmó al principio de su Administración”.
En el documento, de siete páginas, Astorga realizó una especie de rendición de cuentas de lo emprendido en su gestión.
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Krissia Morris Gray
