Paulo Villalobos
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, solicitó a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) iniciar una investigación en su contra, sobre la aparente manipulación de estudiantes. A los rectores de las universidades públicas, se les acusa de engañar al estudiantado, para que se lanzaran a las calles a protestar contra un cambio en el presupuesta.
Durante más de una semana, alumnos y funcionarios realizaron protestas en contra del redireccionamiento de recursos del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), a una partida de transferencia de capital en el proyecto de Presupuesto 2020. El Ministerio de Hacienda realizó la movida, pero Presidencia echó para atrás.
Con el pedido, Jensen se adelantó al anuncio que hizo el jueves anterior el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides. El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) declaró en el Plenario, que pediría una pesquisa contra las autoridades universitarias.
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El rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, admitió al diario La Nación “un sesgo alevoso”, en una afirmación de que las becas del 2020 estaban en riesgo. Los rectores insistieron en que la decisión del Ministerio de Hacienda ponía en riesgo la operación de las universidades públicas, en rubros como becas y otros.
Los recursos, sin embargo, nunca estuvieron en peligro. Así lo reconoció el propio jerarca, quien atribuyó la versión a “cabezas calientes”.
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Rechaza señalamientos
Henning Jensen negó haber actuado fuera de derecho.
“Aunque rechazo categóricamente lo que este diputado (Carlos Ricardo Benavides), de forma harto generalizada me indilga, por ser rector de una universidad pública; deseo que la situación sea aclarada a la brevedad ante la Procuraduría de la Ética Pública”, indicó el académico en un oficio.
La nota está dirigida al procurador José Armando López.
“Enfatizo que mis actuaciones como rector de la Universidad de Costa Rica siempre las he desarrollado dentro del marco jurídico nacional y universitario. Cumpliendo, además, con una conducta ética en concordancia con la transparencia que rige y exige el ejercicio de la función pública”, justificó el Rector.
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Intimidación universitaria
Ese tipo de declaraciones permitieron aglutinar un movimiento protesta, con el que fue posible presionar al Gobierno de la República. Las manifestaciones incluyeron desde la toma de edificios de las casas de enseñanza, hasta bloqueos de carreteras y marchas multitudinarias.
Un ejemplo de ello es que la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr), Andrea Chacón, explicó al periódico que la organización se manifestó con la información que tenían en torno al peligro de las becas y otros rubros de gasto corriente.
“Marcharon bajo supuestos falsos establecidos por los propios rectores; a quienes me propongo llevar a la Procuraduría de la Ética, si han hecho una marcha para asegurar posiciones ideológicas y para mantener, a sangre y fuego, una autonomía universitaria que lejos de proteger los derechos de estudiantes universitarios – y lo digo yo que fui a la universidad pública y a la UCR – que ocultándose detrás de ese noble propósito; lo que quieren es sostener privilegios y pluses salariales de un grupo de profesores”, señaló Benavides en su denuncia en el Congreso.
El martes anterior, el presidente Carlos Alvarado cedió ante las pretensiones del Consejo Nacional de Rectores (Conare) con la firma de un acuerdo. Cinco días antes a la negociación, los diputados debilitaron la determinación de la cartera al reducirla a la mitad, durante la discusión del proyecto de Presupuesto de la República.
Paulo Villalobos
