Tomás Gómez
La Sala IV ni siquiera entró a conocer la consulta hecha por un tribunal que le pedía pronunciarse con respecto a la aplicación del polémico artículo 10 de la ley que creó la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado.
El proceso había sido interpuesto por Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada semanas atrás.
“Su objeto es que los magistrados se pronuncien sobre la aplicación del artículo 10 de la ley 9481, debido a que tienen dudas de un aparente trato desigual en la tramitación que se asigne a una causa de crimen organizado, específicamente en la etapa de juicio”, informó la Sala.
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No obstante, la Sala IV advirtió una serie de falencias que hicieron que el proceso incumpliera las formalidades que pide la ley. Por eso se declaró como inevacuable.
“Los jueces formularon esta consulta, según indican mediante una resolución emitida dentro del proceso penal nro. 21-000533-0454-PE, la cual no consta que haya sido incorporada al proceso en cuestión, según la copia certificada del expediente remitida a esta Sala”, apuntó.
“Además, advierte este Tribunal que la resolución en la cual se plantea la consulta en cuestión carece de los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Toda vez que el tribunal consultante no emplazó a las partes del proceso, ni dispuso la suspensión del proceso en la resolución en cuestión”, explicó.
Larga espera por Ley de Crimen Organizado
El 24 de julio del 2009 entró a regir la Ley contra la Delincuencia Organizada (N° 8754). Esta normativa introdujo innovaciones como el hecho de tener los plazos legales duplicados para estos casos especiales.
Ocho años después, en 2017, se promovió una reforma para generar tribunales específicos, conocida como la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de Costa Rica (N° 9481).
Esta incluía reformas a la ley N° 8754 y para introducirlas, procedía a derogar varias de las disposiciones.
Eso sí, la ley era clara que entraría hasta un año después de su publicación en La Gaceta. El documento se publicó en 13 de octubre del 2017, por lo que regiría al día siguiente de dicho aniversario, es decir, el 14 de octubre del 2018.
Problemas logísticos y financieros complicarían la aplicación de la ley, por lo que se aprobó una reforma en 2018. Esta le dio un año más de espera, trasladando así al 14 de octubre del 2019 la puesta en práctica de la ley.
Justo al filo de ese plazo, el Congreso debió aprobar una nueva postergación, en este caso, se estableció que la Jurisdicción de Crimen Organizado operaría hasta 18 meses después de que se contara con el presupuesto necesario.
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Este último paso se concretó con el Presupuesto Nacional 2022, (Ley N° 10103 de 30 de noviembre de 2021). En él, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Judicial, la inclusión de un monto de ¢2.900 millones, que permitieron iniciar con el proceso de implementación de esta Jurisdicción Especializada.
A ello hubo que sumar una reforma para enmendar un posible vacío que se generó en medio de las correcciones de la ley original. El tema puso a correr a los diputados y el Gobierno y tras un procedimiento express se logró dejar en firme en junio anterior.
El Poder Judicial implementar nuevas medidas para salas especiales que permitan lleva a cabo los procesos de Crimen Organizado (Cortesía)
