Tomás Gómez
La Sala Constitucional rechazó otros dos recursos de amparo interpuestos por ciudadanos contra la política del Banco Central de pedir datos financieros.
La semana anterior ya se había rechazado un reclamo de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Según los magistrados, no se señalaban vulneraciones en específico a derechos particulares y por ello no se tramitarían.
El mismo escenario se repitió con los nuevos votos compartidos, redactados en respuesta a recursos que metieron ciudadanos de apellidos Arias Rodríguez y Sibaja Miranda. La mayoría de los magistrados aducen que para abordar la situación por la vía de un recurso de amparo sería necesario identificar el daño o la amenaza individualizada.
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“No le corresponde a este Tribunal conocer directamente, por la vía sumaria del amparo, reclamos y denuncias formuladas en abstracto, siéndole posible admitir para estudio, solamente, aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir, prima facie, la existencia de tales amenazas o quebrantos directos y groseros de un derecho fundamental”, dice el texto que es igual en ambos votos.
“Se está ante una indeterminación subjetiva, pues la parte recurrente se limita a cuestionar y denunciar a la autoridad recurrida en forma genérica, sin indicar algún caso concreto en el que se hayan visto afectados o amenazados los derechos fundamentales de alguna persona en específico”, suman.
Ante ello, insisten en que no se puede profundizar en los reclamos.
Un magistrado advierte lo contrario
En dos sentencias el magistrado Paul Rueda se ha separado de sus compañeros para hacer un voto disidente. E la tercera votación no estuvo.
Su justificación se concentra en que se debería congelar el procedimiento por el riesgo que representa mientras se aclaran las dudas.
“Estimo necesario ordenar la suspensión del acto impugnado durante el trámite de este proceso, dado que de otra manera podría materializarse el daño acusado”, señaló.
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Rueda además recalcó que la denuncia no tiene elementos que hagan sospechar de que fuera temeraria o carente de sentido; por lo que se debería tramitar.
Incluso fue más allá y recalcó que ya había una medida cautelar de parte de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) por este mismo caso.
Aún no se ve el fondo
Si bien la Sala emitió los pronunciamientos en cuestión, en sus instancias siguen en trámite dos acciones de inconstitucionalidad. Una la interpuso la ABC y otra la Oficina del Consumidor Financiero.
Los empresarios reunidos en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep) se sumaron a la primera acción, en condición de coadyuvante.
El grupo insistió en que está de por medio información detallada y confidencial acompañada de números de identificación.
“Como se puede observar, los datos que se incluyen, y a los que pretende tener acceso ‘integral’ el BCCR, abarca mucha más información que aquella mediante la cual se puede conocer la probidad con que el deudor ha hecho frente a sus obligaciones crediticias. Esto es esencial para la presente Acción de Inconstitucionalidad ya que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, esta es la única data que puede ser considerada de interés público, a diferencia de los montos y fuentes de
endeudamiento, los cuales no son de dominio público, sino que serían de interés privado
o sensibles”, apuntó la agrupación.
Sobre estos casos, no ha habido pronunciamiento.
