Paula Ruiz
Representantes de sectores que estuvieron en las mesas de diálogo con el Gobierno, señalan que el acuerdo alcanzado para un proyecto de renta global es muy distinto a lo que presentó el Poder Ejecutivo.
En sintonía con diputados de oposición, expertos e integrantes de la mesa, advierten que el Gobierno disfrazó renta mundial con renta global.
El consenso en ese momento, se logró para apoyar una redacción de renta global con base en las prácticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), según informó Casa Presidencial el 20 de noviembre anterior al cierre de la mesa de diálogo multisectorial.
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En esa línea, se acordó globalizar el impuesto de renta “o sea, consolidar fuentes de ingreso costarricenses en una sola cédula, una sola tasa; exceptuando rentas pasivas”, recordó el economista Gerardo Corrales, uno de los integrantes de la mesa.
“Por eso se llama dual y se mantendrían en 15% por la cercanía a Panamá”, agregó.
Durante el diálogo, el experto insistió en que renta global no significa ni renta global ni renta territorial ampliada.
“Hay un estudio de OCDE de 2017 sobre sistema tributario donde no recomienda la renta territorial ampliada, por eso llama la atención que a pesar que Elian (Villegas, ministro de Hacienda) estuvo ahí, lo incorporen en el texto”, agregó.
Esta iniciativa se presentó en el marco de la legislación necesaria para lograr que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acceda a otorgar un préstamo a Costa Rica por $1.750 millones.
A través del Departamento de prensa de Casa Presidencial se tramitó la posición del Gobierno sobre estos señalamientos de diferentes sectores, sin embargo, al cierre de esta información no se tuvo respuesta.
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El economista Gerardo Corrales formó parte de la mesas de diálogo del Gobierno. Foto: Casa Presidencial.
Se acordó que no iba
Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) también reconoció que en la mesa, se acordó solamente lo relacionado con renta global.
“Se acordó que renta mundial no iba, nuestra sorpresa es que el proyecto de renta global es una renta mundial con un nombre diferente, esto tiene que frenarse”, advirtió.
“Estamos de acuerdo en renta global pero no en renta mundial que vendría precisamente a desincentviar cualquier inversión”, acotó Acón.
El vocero resaltó que, si un inversionista piensa invertir en el país, podrían comenzar a cobrarle impuestos sobre lo que produce en otros países.
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“Nos sentimos decepcionados porque es muy diferente (el texto) al acuerdo”, reforzó Corrales.
Con respecto de salarios, el economista señaló que en la mesa se acordó homologar la escala de los trabajadores independientes al de los asalariados porque, quienes laboran en lo propio son tasados con renta a partir de los ¢300.000.
Mientras que, los asalariados directos pagan este tributo a partir de los ¢842.000.
No obstante, en el proyecto de ley presentado redujeron la base exenta del impuesto de renta lo que provocaría que todos los salarios a partir de los ¢683.000 sean gravados.
Para el 2023
Este nuevo esquema de renta global comenzaría a aplicarse a partir del año 2023. Por lo tanto, desde la Asamblea Legislativa tienen dudas sobre el cronograma de proyectos de ley relacionados con FMI.
La diputada Silvia Hernández cuestionó la ausencia del Gobierno en presentar el cronograma para la aprobación de las iniciativas.
“Renta global inicia sus rendimientos a partir del 2023, ¿Será que ni siquiera le corresponde a esta Asamblea Legislativa ver ese proyecto o, es de los últimos que se requieren?”, recalcó la liberacionista.
“No hay respuesta todavía, me parece de la mayor importancia que Hacienda diga el cronograma previsto de acuerdo con la fecha de implementación”, aportó Hernández.
Según el organismo multilateral, todas las iniciativas deben ser aprobadas a más tardar en junio próximo pues será a partir del segundo semestre de este año cuando analicen si Costa Rica cumplió con el acuerdo para proceder con el desembolso.
Los giros de dinero hacia el país se efectuarán durante tres años y cada seis meses, el FMI analizará el cumplimiento del acuerdo.
Según las previsiones del Banco Central, de no lograrse la aprobación del trato con el FMI, habría graves consecuencias para el país. El acceso al crédito por parte del sector privado se restringiría en aproximadamente 2 puntos porcentuales en 2021 y en una magnitud similar en 2022.
Asimismo, el crecimiento económico sería alrededor de 1 punto porcentual más bajo que en el escenario base de cada año.
Esto significa que, en lugar de un crecimiento de la producción de 2,6% y 3,6% -para este y el próximo año, respectivamente-, la variación interanual sería de 1,6% y 2,6%.
Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias aumentarían en poco más de 3 puntos porcentuales por año.
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