Juan Pablo Arias
Con la finalidad de obtener un empréstito por $1.750 millones, el Gobierno de Costa Rica acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de reformas de tres años.
De acuerdo con al anuncio oficial, las principales medidas se centrarán en garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar la estabilidad monetaria y financiera “y al mismo tiempo proteger a los sectores pobres y más vulnerables”.
A continuación 12 claves para comprender pormenores de este acuerdo:
1. Tipo de acuerdo
El trato que alcanzó el gobierno es un acuerdo de tres años en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por $1.750 millones (¢1,07 billones).
Los SAF fueron creados para ayudar a los países que experimentan graves problemas debido a deficiencias estructurales o a un lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada.
Los montos que se giran en el marco de un SAF deben reembolsarse en plazos de 4,5 años a 10 años, con pagos en cuotas semestrales.
2. Pilares de las reformas
Las iniciativas de reforma a las que se comprometió Costa Rica se asientan sobre tres pilares:
- Ejecutar reformas fiscales equitativas para garantizar la sostenibilidad de la deuda;
- Preservar la estabilidad monetaria y financiera, al tiempo que se siguen abordando vulnerabilidades financieras estructurales;
- Impulsar reformas estructurales a favor de la inclusión y a la vez estimular la productividad de la mano de obra.
Pilar Garrido, ministra de Planificación; Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central y Elian Villegas, ministro de Hacienda estuvieron a cargo de las negociaciones con el FMI. (Cortesía Casa Presidencial)
3. Ajuste total
El ajuste total de las reformas variará a lo largo del programa. Mientras en 2021 representará un monto equivalente al 1,06% del PIB, para el 2025 el ajuste alcanzará un 4,74%, según el pronóstico del Gobierno.
4. Objetivo y punto de partida
El objetivo principal del Poder Ejecutivo es estabilizar la trayectoria de la deuda pública y alcanzar un superávit primario del 1% en el 2023.
Un superavit primario se alcanza cuando los ingresos totales del Gobierno superan a sus gastos, sin incluir el pago de intereses de la deuda.
Los puntos de partida fueron:
- Recortes iniciales del presupuesto del 2021: ¢368.000 millones (0,97% del PIB)
- Recortes adicionales realizados por la Asamblea Legislativa: ¢161.000 millones (0,42% del PIB)
En conjunto, la reducción total del gasto para este año sería alrededor de un 1,4% del PIB.
El punto de partida del acuerdo con el FMI fueron los recortes aplicados al Presupuesto Nacional del 2021. (Cortesía Asamblea Legislativa).
5. Proyectos de ley y compromisos
Para cumplir con los acuerdos pactados con el FMI, el Gobierno ya planteó una serie de proyectos de ley. En ellos se establecen los compromisos en materia de impuestos y recorte a los gastos.
Hasta el momento, el proyecto se sustenta de las siguientes iniciativas:
- Ley Marco de Empleo Público
- Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal
- Ley Impuesto Especial Sobre los Premios de Lotería y Otros Juegos de Azar que Venda, Distribuya o Comercialice la Junta de Protección Social
- Reforma a la Ley General de Aduanas
- Reducción del Gasto Público Mediante la Eliminación de Plazas Vacantes y Congelamiento de Aumentos de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional
- Impuesto a las casas de lujo
- Renta Global Dual
- Ley de Aporte Solidario y Temporal Sobre la Utilidad de las Empresas Públicas al Pueblo Costarricense para el Ajuste Fiscal
El Gobierno admitió que le falta presentar el proyecto de ley para la venta de la cartera de préstamos de Conape.
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Las reformas al empleo público son adversadas por los sindicatos. (Archivo | El Observador)
6. Orden al empleo público
El sistema actual de contrataciones del Gobierno incluye pagos diferenciados para funcionarios en un mismo puesto y con las mismas responsabilidades, premia la antigüedad sobre la productividad y genera desincentivos para la atracción de personal.
Con la reforma propuesta se crearía un régimen único de empleo público para eliminar los aumentos automáticos, así como las distorsiones y desigualdades que se generan en el sistema actual.
Se espera que para el 2025 el ahorro por esta reforma se equivalente a un 1,52% del PIB.
7. Regla fiscal estricta
De acuerdo con el trato con el FMI, el Gobierno deberá cumplir de manera estricta la regla fiscal acordada en la Ley 9635 para todo lo relacionado con transferencias corrientes, adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía y el endeudamiento público. Esto significa que el presupuesto nacional está condicionado al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno.
8. Renta global “dual”
Uno de los compromisos tributarios es un proyecto de ley que propone el establecimiento del impuesto sobre la renta global para ingresos personales superiores a los ¢8,2 millones.
Un sistema de renta global incorpora todas las rentas del contribuyente independientemente de su origen (trabajo, capital o actividad empresarial) para determinar la base imponible sobre la cual se aplica una escala progresiva de tarifas.
Por otra parte, un sistema de renta celular es aquel en el que las distintas fuentes de ingreso están sujetas a diferentes tarifas de impuesto según el tipo de ingreso (similar al régimen actual).
Lo que propone el Gobierno es un sistema de “renta dual”, que es una mezcla entre un sistema celular y un sistema de renta global.
En este caso las rentas de la persona física con actividad lucrativa se integran con las rentas de la persona física en relación de dependencia, otorgando un tratamiento global, que suma ingresos, aplica deducciones y llega a una base imponible a la que se le aplica la tarifa progresiva (que aumenta conforme se incrementa el monto).
9. Utilidades de empresas públicas
Otro de las propuestas del Gobierno es un impuesto durante cuatro años a las utilidades de 14 empresas públicas.
Este impuesto se calcularía tomando como base la suma de las utilidades de las 14 empresas. El monto del aporte será de hasta un 30% del total.
El porcentaje que le corresponderá aportar a cada empresa será determinado con un decreto.
Con este impuesto se pretende recaudar anualmente el equivalente a un 0,20% del PIB.
La medida se aplicaría a las siguientes empresas públicas:
- Banco de Costa Rica
- Banco Nacional de Costa Rica
- Instituto Nacional de Seguros
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz
- Correos de Costa Rica
- Editorial Costa Rica
- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
- Instituto Costarricense de Electricidad
- Instituto Costarricense de Ferrocarriles
- Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica
- Junta de Protección Social
- Radiográfica Costarricense
- Refinadora Costarricense de Petróleo
Se le prohibiría a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales.
10. “Casas de lujo”
Otro de los tributos es un nuevo impuesto a las “casas de lujo” que sustituiría al vigente.
Las casas con valor igual o superior a los ¢150 millones, sea de uso habitacional, ocasional o de recreo, pagarían un 0,5% anual de impuesto.
El nuevo tributo derogaría y sustituiría el actual Impuesto Solidario para el Fortalecimiento del Programa de Vivienda, creado en noviembre de 2008.
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La propuesta es más simple que la actual, pues contempla una tasa escalonada, según el valor de la propiedad, a partir de los ¢133 millones.
11. Carrera contrarreloj
El FMI espera que la Ley Marco de Empleo Público, el abanico de impuestos y otras medidas estructurales sean aprobados entre abril y mayo próximos.
Por su parte, el directorio ejecutivo del organismo podría dar la aprobación al programa para Costa Rica a finales de marzo.
De cumplirse estos plazos, la Asamblea Legislativa deberá apresurar el paso para la autorización del préstamo se concrete a más tardar en junio.
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La primera revisión del acuerdo con Costa Rica sería en el segundo semestre y por tanto, se espera el cumplimiento del calendario.
12. Más compromisos
Diputados de oposición y el sector empresarial hicieron un llamado al Gobierno para que ejecute e informe detalladamente y transparencia cada una de las propuestas al FMI.
Asimismo, los legisladores advierten que no aprobarán nuevos impuestos mientras el Gobierno no avance en una agenda de reactivación económica y recorte de gastos.
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Esta información se elaboró con base en datos y análisis aportados por el Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial, el Fondo Monetario Internacional, la firma consultora Grant Thornton y el archivo de noticias de El Observador.
