Tomás Gómez
Ver a la justicia costarricense actuar contra la corrupción es una misión compleja que requiere paciencia, pericia y sobre tiempo. Mucho tiempo.
El III Informe del Estado de la Justicia lanzado el lunes dedicó un amplio capítulo a estudiar como los actos relacionados con peculado, incumplimiento de deberes, prevaricato, tráfico de influencias y concusión durante el 2017, obteniendo resultados poco felices.
Para dimensionar el problema, se destacó que del momento del suceso a la denuncia pasan un promedio de 563 días y de ahí comienzan un largo camino de las etapas habituales del debido proceso, donde la duración de cada una no baja del 179 días.
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Con ese escenario, de los 370 casos presentados en el 2017, solo 8,9% terminó su ciclo.
Los expedienes que lograron escalar y llegar a juicio fueron ventilados en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde hubo 33 pronunciamientos que terminaron así:
- 12 sentencias condenatorias
- 14 absolutorias
- 4 sobreseimientos
- 3 anulaciones
“Del 7% de casos que llega a una sentencia la mayoría son de concusión y casi todos tienen que ver con oficiales de tránsito”, explicó la coordinara del Informe, Evelyn Villareal, quien alertó también de que un 8% de los casos de ese período prescribieron.
Observaciones legislativas
La información sistematizada por el IEJ levantó roncha entre las fracciones más grandes del Congreso donde se cuestionó
“Es una evidencia de que el Estado debe seguir avanzando en fortalecer los mecanismos y las herramientas que se le otorgan al Ministerio Público para poder investigar y hacer valer la verdad. Lamentablemente la impunidad en los actos de corrupción se ven reflejadas en estos números y lo que hace es golpear la credibilidad de las y los costarricenses en la labor que, en el marco de la transparencia y la legalidad pueden estar haciendo sus gobernantes”, indicó la liberacionista Franggi Nicolás.
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“Pienso que el Estado de la Nación viene a posicionar o revelar algo que ya se siente, el tema de la corrupción es un tema que debemos combatir a todas luces y que, viene carcomiendo no solo la función pública sino a la sociedad como un todo por eso”, señaló por su parte del representante del PAC, Luis Ramón Carranza.
El oficialista destacó además que se necesita ampliar el tiempo de los tribunales para atender los casos y prevenir en todo caso que se de una politización de la justicia.
No tan mal como otros
Al presentar el IEJ, la investigadora Villareal destacó que el escenario no es tan pesimista como lo es en otras naciones de la región.
A tono con esa aseveración, este mismo lunes fue lanzado el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2o2o, un estudio preparado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks que midió la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.
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“El Índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras el COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región”, dijo Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA.
Si bien el listado fue encabezado por Uruguay detrás de este aparecen solo Chile y Costa Rica y luego, con notas mucho más bajas, Brasil, Perú, Argentina y Colombia.
Colaboró la periodista Paula Ruiz.
