Desde la Columna
Por: Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones
En días recientes un medio de comunicación que ha mostrado interés en el desempeño del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) enumeró, entre otros aspectos, que la Superintendencia de Pensiones (Supen) no emitió alertas a las operadoras de pensiones complementarias sobre acontecimientos de los mercados financieros, asignando a la afirmación carencias en la supervisión, lo que en nuestra opinión subestima la importancia y el valor público de la misma.
Es de nuestro interés, para coadyuvar al proceso de educación financiera y evitar la confusión acerca del alcance de la supervisión, repasar las responsabilidades y las acciones de las operadoras de pensiones como gestoras de los fondos de pensión y de la superintendencia en su proceso de Supervisión Basada en riesgos (SBR), en torno a la gestión de los recursos previsionales en 2022, año colmado de retos y limitaciones en el ámbito nacional e internacional.
Las operadoras de pensiones administran los recursos de los afiliados y pensionados de conformidad con un marco legal y reglamentario que exige, entre otros, un claro y robusto gobierno corporativo, que facilite la adecuada gestión de riesgos -como los de mercado, crédito, liquidez y operativos-, apoyado en comités de riesgos e inversiones y en un amplio grupo de profesionales especializados en la materia.
Al considerar que las inversiones de los fondos de pensión se valoran diariamente a mercado, los acontecimientos, locales e internacionales, se manifiestan en su rendimiento, y, por ende, sus gestores despliegan claramente sus responsabilidades, mediante las decisiones de asignación estratégica de activos y ajustes tácticos, sin dejar de lado el horizonte de inversión de los recursos y la mezcla de edades de sus clientes.
Las responsabilidades antes señaladas deben emanar del más alto nivel, tal y como lo considera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su documento Pensions Outlook 2022, al expresar que “El consejo de administración debe ser el máximo responsable de la toma de decisiones y, por lo tanto, debe ser la línea final de responsabilidad”.
A la Superintendencia de Pensiones (Supen) y de acuerdo con su modelo de supervisión basado en riesgos, le corresponde, en el ejercicio de sus competencias, realizar una caracterización del riesgo de las actividades supervisadas y de la gestión asociada, mediante la evaluación de la calidad de las líneas de defensa de los recursos (órgano de dirección, alta gerencia, comités técnicos, auditoría interna), para establecer los niveles de riesgo de cada fondo administrado después de controles.
Es a partir del ejercicio anterior que la superintendencia prepara una calificación de riesgo y determina la intensidad de la supervisión requerida. Los resultados de la supervisión se presentan a la alta gerencia y al órgano de dirección de los gestores, quienes reciben los informes pertinentes y para cada una de las disposiciones señaladas deben presentar un plan de acción para solventar las debilidades identificadas.
Un elemento fundamental en el proceso comentado es el seguimiento al desempeño de las inversiones, de cuyo análisis se desprenden actividades de mayor trascendencia que meras alertas, pues se dirigen de forma individualizada a cada gestor e inclusive a cada tipo de fondo, en busca de que las debilidades reveladas se transformen en fortalezas conforme se atienden las recomendaciones del supervisor.
A lo anterior se agrega la verificación del cumplimiento del marco reglamentario, el cual establece condiciones rigurosas para la adquisición de inversiones y la gestión de sus riesgos, apegándose a la técnica y a las mejores prácticas internacionales, en busca de que se cumpla el requerimiento de que los medios para la administración de los fondos sean adecuados, sin perder de vista que toda inversión conlleva riesgos.
Como sabemos, las consecuencias de la crisis post-covid 19 en el ámbito macroeconómico, producto de decisiones de política monetaria, adoptadas por los bancos centrales en combate al proceso inflacionario, impactaron los mercados financieros y el valor de las inversiones, sin que la diversificación de los portafolios resultara suficiente para evitar la caída en los rendimientos, dado un inédito comportamiento negativo en inversiones de renta fija y variable.
Los precios de los instrumentos en el mercado local no estuvieron exentos y fueron afectados significativamente a la baja por factores como el aumento en las tasas de interés, a lo que se sumó la apreciación del colón con respecto al dólar -el cual impacta el valor de las inversiones en moneda extranjera, internas y externas-, generando minusvalías contables registradas en los fondos administrados por las operadoras de pensiones.
Los efectos comentados afectaron en mayor o menor medida a las operadoras y no son exclusivos para Costa Rica, al tratarse de una situación observada internacionalmente, tal y como lo afirma el Thinking ahead institute, en su publicación Global Pension Assets Study 2023, al indicar que se estima que en 2022 los activos de los fondos de pensiones globales disminuyeron en casi 17%. Por su parte, los activos del ROP decrecieron 4,3% en el mismo periodo.
De vuelta a los gestores, se tiene que, de manera general, en 2022 las operadoras decidieron no ejecutar cambios significativos en la composición de las inversiones administradas, decisión fundamentada, por un lado, en que esta fue elaborada en función de un objetivo de rentabilidad y riesgo de largo plazo (conforme la naturaleza de los fondos), y por otro, en que vender instrumentos de inversión durante un período de precios bajos agravaría la magnitud de las minusvalías.
Por su parte, conforme al marco de acción explicado, la superintendencia mantuvo un monitoreo cercano y constante del sector de pensiones, apoyado en actividades regulares e importantes, como el análisis de la asignación estratégica de activos y la idoneidad de los equipos detrás de la toma de decisiones, pero también en otras más de carácter coyuntural, como la valoración de resultados de pruebas de tensión financiera específicas y estrategias de comunicación y educación previsional.
Asimismo, a lo largo del 2022, la SUPEN formuló distintos ajustes a la normativa aplicable, de los que se destacan el cambio a la periodicidad del cálculo de la pensión por renta permanente para mitigar efectos adversos de corto plazo en la pensión, la variación al plazo para el ejercicio de la libre transferencia de uno a seis meses -lo que disminuye la probabilidad de materializar pérdidas- y la facilitación del uso de bonificaciones de comisiones de administración para las operadoras, todo en beneficio de los afiliados y pensionados.
Considerando los puntos anteriores, comprender que la supervisión, en este caso, de pensiones, es un proceso especializado, continuo y dinámico, basado en un marco de acción y una normativa técnica, que va mucho más allá de levantar alertas y que se diferencia claramente de la gestión como tal, es una tarea necesaria para los participantes del sistema financiero y el público en general y una asignación pendiente para quienes la critican, asumimos por desconocimiento de la materia.
Por último, traemos a colación un comentario de Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España, citado en el medio La Vanguardia el pasado 12 de abril, en alusión al sector bancario y que se puede hacer extensivo a pensiones, al expresar que: “Una gestión de riesgos sólida y unas prácticas de gobierno sólidas son el pan de cada día de la gestión bancaria. Los consejos de administración y la dirección de los bancos deben ser los primeros responsables de gestionar y supervisar los riesgos; estas funciones no pueden externalizarse a los supervisores”.
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