Allan Arroyo
Los taxistas formales le piden al Gobierno cambiar el proyecto de ley presentado al Congreso para regular las plataformas digitales de transporte y nivelar condiciones.
Así lo confirmaron a El Observador dos de los principales dirigentes de gremio, Gilberth Ureña y Rubén Vargas.
Ambos participaron en la conferencia de prensa del presidente, Rodrigo Chaves, el 3 de mayo, cuando se anunció el acuerdo para un texto de consenso, que también incluyó a las empresas Uber y Didi.
Ureña y Vargas reconocen que la petición de cambio surge después de consultar con lo que llaman “las bases”, es decir, el resto de taxistas a quienes los dirigentes representan.
| El 3 de mayo, Gobierno anunció la presentación de un texto acordado con empresas de plataformas, dirigentes de taxistas y la Cámara de Comercio. (Archivo/Casa Presidencial)
El modelo
El texto fue presentado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, a la Asamblea Legislativa, el mismo 3 de mayo. Ahora, debe comenzar el proceso de discusión en una comisión del Congreso.
Son al menos tres aspectos que los dirigentes esperan que cambien, en defensa de los taxis rojos.
Lo primero es que se mantenga la figura de la concesión de taxi como un servicio público. El proyecto la cambia por un ‘título habilitante’ o permiso para la ‘fuerza roja’, igual que los choferes de plataforma.
“Somos concesionarios desde hace 25 años y más allá desde 1994, cuando se creó la ley 3503, ya estaban las primeras concesiones”, recordó Ureña.
“Es un permiso de transporte privado y nosotros somos transporte público,” recalca el dirigente, quien reitera que fue el resto del sector el que no permite “desmejorar” las condiciones.
Ante la consulta de lo que cambia con la modificación del modelo, Ureña pidió claridad y seguridad para el futuro. “Estamos con este Gobierno, pero no sabemos quién podría venir. Vea que nos vinieron ocho años del partido Acción Ciudadana y solo llevó dolor y tristeza a nuestros hogares”.
El representante recuerda las administraciones en las que comenzó la disputa con las plataformas, sin poder encontrar solución.
Ureña recordó que años atrás se abrió el mercado a los llamados porteadores, pero manteniendo condiciones favorables para los taxis rojos.
Tarifas y cantidad
Por su parte, el dirigente, Rubén Vargas, considera que las tarifas deben seguir siendo definidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), y no con la oferta y demanda.
A su criterio, las condiciones en las que vienen trabajando las plataformas son “esclavistas”.
Él compara que mientras un kilómetro para los taxis cuesta más de ¢900, para los conductores de estas empresas es de ¢400, con lo que deben cubrir gastos como gasolina, uso del vehículo y tiempo, dejando poca ganancia.
“En el texto hablan de tarifas mínimas, queremos que se aclare. Por más que nosotros (taxistas) queremos ayudar, no podemos arruinar nuestro trabajo para darle trabajo a otra persona. No vamos a descobijar un santo para cobijar otro”, dijo.
Además, Vargas defiende que se debe establecer un número limitado de participantes en el mercado, y no como piden algunos sectores de que todos los interesados ingresen.
“Si se quiere hacer un arreglo, que sea uno que quede. No un parche”, exhortó el vocero, al recordar que la Sala Constitucional exige estudios para que se defina la cantidad de actores en el servicio de transporte de personas.
“Que hayan estudios técnicos y recuerde, que a más actores, mayor es la tarifa”, añadió Vargas.
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| Rubén Vargas participó del anuncio con el presidente Chaves pero reconoce que hay elementos del proyecto que no les favorece. (Archivo / Casa Presidencial)
¿Qué pasó con el acuerdo?
“Nos pusimos de acuerdo y logramos consenso entre el gobierno, los representantes de las plataformas y los taxis para determinar una regulación integral, en un marco de competencia”, anunció a inicios de mayo el presidente, Rodrigo Chaves, en su usual conferencia de los miércoles.
Para el Poder Ejecutivo, se pudo nivelar la cancha y recordó las peleas, protestas y diferencias en casi ocho años, desde que la empresa Uber (la primera) ingresó a Costa Rica.
En ese anuncio, estuvo Rubén Vargas como uno de los representantes de los taxistas. ¿Qué pasó casi dos meses después?
“Cuando estábamos terminando de ver el proyecto, le faltaban dos o tres puntos que no se vieron. Ahora que tenemos el texto en la mano, hemos visto que venimos sumando y sumando, y que realmente no nos salieron las cuentas“, acepta el dirigente.
Vargas comparte la misma posición de Ureña en la postura del Gobierno. “Se anunció el acuerdo, porque nosotros vemos la buena voluntad del Gobierno, porque ningún Gobierno de los dos anteriores ha tenido la gallardía que ha tenido este”.
“Pero también sepamos nosotros que aquí no van a haber mártires. Que para salvar a unos se van a morir otros”, expresó Vargas.
El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, dijo que el proyecto fue acordado entre las partes pero que siguen conversando, lo que cual es también respaldado por los taxistas.
“Vamos a tener reuniones con ellos y seguimos en reuniones para valorar las observaciones y las preocupaciones. Creemos que hay algunos aspectos que podemos aclarar que son algunas preocupaciones que tal vez tengan y hay otros aspectos que posiblemente tengamos que que ajustar”, dijo el jerarca en un mensaje compartido por la oficina de prensa, ante la consulta de este medio.
Los taxistas proponen presentar un texto sustitutivo que permita comenzar y mantener la discusión en la Asamblea Legislativa. Resaltan el diálogo fluido con Casa Presidencial y el MOPT.
Uber entró a Costa Rica con transporte de personas en 2015. ( AFP)
Lo que dice el proyecto actual
El proyecto número 23.736 establece como principio que el servicio de transporte de personas “se regirá por las reglas del libre mercado y las que se disponen en esta ley, de forma que todos los conductores, habilitados por el MOPT o afiliados a plataformas, puedan competir en igualdad de condiciones”.
El ministro de Obras Públicas, Luis Amador, aclaró en su momento que la propuesta del Ejecutivo, en consenso con las partes, es establecer una rentabilidad mínima “muy baja”, siendo la misma para plataformas y taxistas.
Ese monto reconocerá gastos como “gasolina, uso de vehículos, el tiempo” y un margen de ganancia para el sustento de los choferes y sus familias.
“No existe ningún pacto de tarifas. Estará regulado por el libre mercado”, enfatizó.
La iniciativa deja a la Autoridad Reguladora fuera del proceso para establecer los montos a cobrar.
“Anteriormente, la Aresep, que ya no va a tener acto ni parte, establecían una tarifa máxima y los taxis, ustedes saben salían más caro”, dijo Amador cuando presentó el texto.
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El texto establece que la responsabilidad de otorgar los permisos es del MOPT, además de monitorear el mercado de transportes.
Este ministerio, junto con el de Economía, harán los estudios para determinar la tarifa mínima rentable, que será igual para ambos modelos: plataforma y taxis.
También, el Poder Ejecutivo se reserva la potestad tomar medidas en el “número de personas conductoras autorizadas en general para la prestación del servicio de transporte de personas, con respecto a la satisfacción de la demanda.”
La legislación propone nivelar las condiciones entre taxistas y conductores de plataformas en requisitos como: pago anual del canon, revisión técnica una vez al año, seguros para pasajeros, pago de impuestos a Hacienda y la cobertura ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
