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Taxistas y conductores de plataformas inconformes con pretensiones del Gobierno para proyecto de ley

Los taxistas y conductores de plataformas mostraron inconformidades con “nivelar al 100% la cancha” como lo pretende el Gobierno. Lo…

Por Paula Ruiz

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Taxistas y conductores de plataformas inconformes con pretensiones del Gobierno para proyecto de ley
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Los taxistas y conductores de plataformas mostraron inconformidades con “nivelar al 100% la cancha” como lo pretende el Gobierno.

Lo anterior, luego de que este jueves Casa Presidencial informó que tras una reunión con líderes taxistas, presentará un proyecto de ley para “equilibrar la regulación de ambos sectores, para establecer un marco de competencia en igualdad de condiciones y justicia social”.

Rubén Vargas, uno de los voceros de los taxistas, comentó que durante el encuentro el presidente Rodrigo Chaves les expuso parte del contenido que tendría la iniciativa de ley.

Según Vargas, sí están de acuerdo en lo siguiente:

  • Otorgar permiso de trabajo a conductores de plataformas
  • La identificación de carros en puertas y placas como prestadores de este servicio
  • Revisión técnica vehicular una vez al año para ambos grupos
  • Prohibición para que los conductores de plataformas recojan en las calles pasajeros que no sean usuarios de sus aplicaciones.
  • Seguro social como trabajadores independientes para conductores
  • Seguros correspondientes para los vehículos utilizados para plataformas

En lo que no están de acuerdo es que haya una diferencia en las tarifas. Vargas indicó que el plan del Gobierno es establecer una tarifa de inicio igualitaria para ambos grupos pero, diferente para los kilómetros adicionales.

De esta forma, para la plataforma sería un monto más accesible en comparación con taxistas.

“Si queremos emparejar la cancha, no se puede aceptar, lo que propusimos es que hiciéramos una solución que podría ser eventualmente, hacer un rebajo en la tarifa, que no cueste ¢1.030 sino hipotéticamente a ¢800 colones, que eso sería el valor del primer kilómetro”, expuso.

Las otras objeciones tienen que ver con catalogar el servicio de taxis como privado y eliminar las concesiones otorgadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). Por tanto, están en disposición de pagar los cánones que sirven para el presupuesto de esa entidad.

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“Si ya tenemos una concesión dada por el Estado, creo que muy tonto seríamos si aceptamos entregar esa concesión para que nos den un permiso”, puntualizó.

Con respecto a la indemnización que han solicitado los taxistas desde años atrás, Vargas indicó que el presidente fue claro en que no había dinero para tal objetivo.

Este jueves, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro Luis Amador recibieron a representantes de taxistas. (Cortesía Casa Presidencial).

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¿”Taxificar” las plataformas?

Los conductores de plataformas están aún más preocupados puesto que piden una explicación al Gobierno sobre si se pretenden “taxificar” las plataformas mediante la nivelación de cancha.

Es decir, exigir condiciones de taxi a los vehículos particulares que prestan el servicio.

La Asociación Privada de Movilidad Tecnológica y Afines (Aprimotec) pidieron al Poder Ejecutivo aclarar si eso es lo que se pretende mediante el proyecto de ley.

Alfredo Román, vocero de Aprimotec reconoció que hay preocupación entre los conductores pues temen que el Gobierno controle los precios mediante Aresep e incluso, CTP.

Asimismo, abogó porque los servicios mediante plataformas sigan siendo privados y los de taxi, públicos.

Están completamente de acuerdo en el pago de responsabilidades sociales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda pero, apelan a que haya un tope máximo en el margen de ganancia de las aplicaciones por cada viaje realizado.

Román comentó que actualmente esos porcentajes llegan a ser hasta de 38% por lo cual, abogan por tope máximo de 20%. Esto, les permitiría a los conductores tener mayores ingresos para hacerle frente a estos pagos.

El vocero recordó que habían tenido una reunión con Laura Ulloa, exviceministra de Transportes quien estaba a cargo de la elaboración de este proyecto.

“Hemos seguido las declaraciones del Gobierno en el sentido de que quieren buscar un escenario de flexibilización para los compañeros taxistas y un escenario en que puedan convivir diferentes formas de transporte en beneficio de los consumidores, pero ahora parece que más bien se están enfocando en el beneficio de un grupo particular para traer las condiciones actuales de los taxis a las plataformas”, sentenció.

Recordó que hay alrededor de 28.000 hogares con miembros dedicados a esta labor donde hay más de un millón de usuarios.

Román envió un oficio este viernes al Gobierno para una solicitud de audiencia.

“No podemos darnos el lujo de trazar el camino basado en taxi porque es un sistema que ya no funciona”, concluyó.

Consenso

A inicios de febrero, el ministro de Transportes, Luis Amador indicó que el proyecto se presentará al Congreso hasta que ambas partes estén de acuerdo en el texto.

“Yo no le puedo dar fecha exacta, este es un proyecto que primero tenemos que asegurarnos que ambas partes están de acuerdo completamente y en ese momento se presenta”, afirmó Amador.

Según su criterio, “de nada sirve” presentar la iniciativa a la corriente legislativa si no existe un acuerdo de ambas partes porque sino, alguno de los grupos ejercería más presión con tal de inclinar la balanza al momento de su votación.

“Y, al final puede salir un adefesio de la Asamblea Legislativa”, acotó.

En el cuatrienio anterior durante el Gobierno de Carlos Alvarado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que fue desechado por los diputados de ese momento.

Sin embargo, quienes integraban la Comisión de Asuntos Económicos presentaron un plan que parecía tener ambiente en el Congreso.

La iniciativa se presentó en setiembre de 2019 sin embargo, hasta abril de 2022 logró una votación favorable en el foro legislativo. Aunque, no avanzó a su trámite de primer y segundo debate.

Este proyecto pretendía establecer un fondo administrado por el MOPT para indemnizar a los taxistas.

Asimismo, establecía requerimientos para la inscripción de compañías y vehículos, donde destaca póliza y hoja de delincuencia de los conductores.