Josué Alvarado
El miércoles 29 de junio el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, informó que su cartera trabajaba en la elaboración de un proyecto de ley a través del cual se regularían las plataformas de movilidad, como Uber, Didi, InDriver, entre otras.
Para aquel entonces el avance del texto era del 50%.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le preguntó a Amador ese mismo día en cuánto plazo estaría listo ese proyecto para su posterior presentación en la Asamblea Legislativa. Él respondió que en dos meses
Sin embargo, ese plazo finalizó al término de agosto y para noviembre, es decir, cinco meses después, todavía no llega a la Asamblea Legislativa el proyecto para dicho fin.
“Los que están con plataformas digitales están trabajando fuera de una concesión, que es como se puede operar el transporte público”, señaló Amador el pasado 29 de junio.
Este mismo día señaló que el objetivo de la ley será que “la cancha esté nivelada”, en comparación con los taxistas, que han sido de los principales detractores de la falta de regulación.
Según Amador, esta falta de legislación, provoca que no haya control sobre el transporte público, que los conductores o repartidores no estén afiliados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que haya una competencia desigual.
El Observador consultó el avance de esta iniciativa en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Sin embargo, al cierre de esta nota no había respuesta.
También se le consultó a la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, quien tampoco respondió a las consultas hechas por Whatsapp.
En la lista de proyectos convocados por el Gobierno para las actuales sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo tiene el control de la agenda, no hay ningún proyecto relacionado a estas plataformas.
Generan 40.000 empleos y piden ser regulados
En Costa Rica 40.000 personas generan ingresos a través de plataformas de movilidad, ya sea como conductores o como repartidores.
Por otro lado, hay más de un millón de usuarios de estos servicios, que experimentaron un auge debido a la pandemia.
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Así se desprende de un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
Los investigadores a cargo del estudio destacaron que el 75% de la población costarricense considera que las plataformas de movilidad deben regularse.
También lo considera así el 90% de las personas conductoras, principalmente para que puedan generar ingresos tranquilamente y para que la población tenga más opciones para elegir.
Sin embargo, los expositores señalaron que el estudio no profundizó en cuáles deberían de ser dichas regulaciones, si no que pretende ser un insumo (que antes no se tenía) para ese proceso requerido por los costarricenses.
El estudio no solo demostró el uso y el impacto de estas plataformas, sino también la acogida que le han dado los costarricenses.
Un 94% de la muestra señaló que está satisfecho en general con el servicio de estas aplicaciones.
