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Ticos perciben que empleo informal y escasez de oportunidades laborales influyen en la trata de personas, revela estudio

Los costarricenses identificaron en el estudio a los menores de edad y a las mujeres como las principales víctimas de este flagelo de la trata de personas.

Por Paula Ruiz

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Ticos perciben que empleo informal y escasez de oportunidades laborales influyen en la trata de personas, revela estudio
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Una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) señala que el empleo informal y la escasez de oportunidades laborales llevan a alguien a caer en la trata de personas.

De acuerdo con el estudio, también se suman a este delito la falta de inspecciones por parte del Estado, la pobreza, limitaciones para estudiar, las migraciones internacionales y el crimen organizado.

La encuesta -llamada Percepción sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes– se realizó a 910 personas del 14 al 22 de abril, tiene un error de muestreo de 3,2% y un nivel de confianza de 95%.

Las Naciones Unidad definen así la trata de personas:

“Es el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas. Esto mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad.

“O de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación.

“La explotación incluirá, como mínimo, la prostitución así como otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos”.

Las víctimas 

Los costarricenses identificaron en el estudio a los menores de edad y a las mujeres como las principales víctimas de este flagelo, señaló Jason Hernández, investigador de Idespo.

Mientras tanto, los inmigrantes y las personas desempleadas son consideradas como las de mayor exposición a caer en situaciones de trata de personas.

“El conocimiento de trata, se ve que la población tiene buena percepción y asertiva con respecto al concepto, 78% lo acertó y eso quiere decir que es alrededor de 4 en 5 personas aciertan y tienen buena relación con el concepto.

“También lo identifican y lo conceptualizan como el comercio de personas para la explotación sexual y laboral que se da a base de engaños y que se da a través, termina con tráfico de órganos”, señaló Hernández.

Con respecto a factores determinantes, los encuestados consideran que hay personas explotadas en labores domésticas (90,4%), hay ofertas de empleo engañosas para dentro y fuera del país (87,2%), explotación en labores agrícolas (85,4%) y menores de edad explotadas sexualmente (85,3%), entre los principales.

También se percibe que hay lugares turísticos en Costa Rica donde operan redes de prostitución (80,2%) y hay mujeres extranjeras que vienen a trabajar en prostitución (78,9%).

Drogas y delincuencia

Por otra parte, se percibe que hay problemas sociales que se convierten en “caldo de cultivo” para la trata de personas, señaló la investigadora Cynthia Mora.

Entre ellas, el tráfico y venta de drogas (4,83 en escala de 5), delincuencia organizada (4,82), inseguridad (4,79), violencia de cualquier tipo (4,77), pobreza (4,69), desempleo (4,68), entre otras.

Según Mora, esto genera un llamado de atención al Gobierno para atienda estas problemáticas a fin de evitar a toda costa, la trata de personas.

Con respecto al tráfico ilícito de migrantes, la población lo percibe como aquello sucedido cuando una persona cruza la frontera de forma ilegal o sin documentos (36,2% de 100%), personas que cobran para pasar un migrante de un país a otro (coyotaje) con 20,8%.

Además personas migrantes que pagan para ese traslado entre fronteras (11,3%), gente engañada o secuestrada para fines de explotación con 15,5%, un 4,0% no sabe o no respondió y un 2,2% dio otro tipo de respuestas.

Datos oficiales de la Dirección de Migración (DGME) revelan tres investigaciones realizadas en 2023 y que permitieron el rescate de igual número de víctimas.

Las autoridades costarricenses también contabilizan 46 víctimas rescatadas en el último año, y atendidas por medio del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI). Estas personas reciben apoyo psicológico, sanitario y económico temporal.

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Flujo migratorio sur-norte

La experta recomendó la implementación de campañas estatales con respecto a los conceptos de trata de personas y tráfico de migrantes, máxime en la coyuntura actual de flujo migratorio en Costa Rica desde el sur (Panamá) hacia el norte (Nicaragua).

“No hicimos una pregunta específica sobre si vincula el delito con el tráfico actual que ocurre en el país con las personas que transitan del sur al norte, pero sí, en general, a la hora de que consultamos sobre la información que tiene al respecto, esa información con la cual se nutren de elementos vinculados al tema, pasa por esas noticias”, expuso Mora.

“El tema de noticias que surgen con el tráfico, al final el tráfico de migrantes y la trata de personas son similares y uno puede llevar al otro, sí cabe señalar que esos elementos de información también juega un rol el tráfico de personas de migrantes que pasan por territorio costarricense”, sumó la investigadora.

Costa Rica enfrenta una ola migratoria en los últimos meses por personas que ingresan desde la frontera con Panamá y que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

Se trata de migrantes que atraviesan la selva del Darién que comunica Panamá con Colombia, con la esperanza del sueño americano debido a situaciones propias de sus países relacionadas con temas sociales, económicos y políticos.

Ante este fenómeno, Hernández consideró importante que la población sepa identificar la trata para prevenirla y denunciarla.

“Más esta situación que a veces cuesta identificarla inclusive para las mismas autoridades inclusive en las condiciones en que se da este fenómeno”, consideró.

Para los expertos, los datos revelados por la encuesta son de utilidad para instituciones de Gobierno que deben velar por el cumplimiento de leyes y tratados en esta materia.

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