Tomás Gómez
Más voces de los sectores productivos advierten sobre las consecuencias que traería la sentencia de la Sala IV, que abrió las puertas al cobro de impuestos bajo el esquema de Renta Mundial.
En este caso se trata de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). La gremial resalta que la ley es suficientemente clara como para entrar en interpretaciones o posiciones distintas.
“Resulta totalmente necesario y urgente que se realice una interpretación auténtica al artículo 1 de dicha Ley con respecto al sistema de renta territorial, establecido así por la Asamblea Legislativa que es la única instancia con la potestad para crear o ampliar los tributos en Costa Rica”, dijo el presidente del gremio, José Álvaro Jenkins.
“El legislador costarricense no contempló la sujeción al impuesto sobre las utilidades de aquellos rendimientos generados en el exterior; ni siquiera en aquellos casos en que el capital utilizado para su generación fuese de capital costarricense”, sumó.
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Según su lectura, un cambio como el generado por la Sala IV podría implicar inestabilidad del sistema tributario y la falta de claridad de las normas y su aplicación; esto a su vez se traduce en un desincentivo para la inversión tanto local como exterior.
“Incentivar este tipo de interpretaciones tributarias traería peligrosas consecuencias para nuestro clima de inversión por cuanto minan la seguridad jurídica con la que operan las empresas”, complementó.
La Cámara de Industrias se había manifestado en la misma línea, señalando que la sentencia de la Sala IV sobre Renta Mundial ponía en riesgo las inversiones y la seguridad jurídica (Archivo)
¿Qué pasó y cuáles soluciones hay?
Una sentencia de la Sala Constitucional validó los criterios que equivalen a la implementación de la Renta Mundial en Costa Rica. Es decir, se gravan las rentas generadas en el exterior.
Como solución, los expertos y los diputados señalan que una opción sería un proyecto de ley para reiterar que el sistema tributario local es territorial.
El plan recurriría a una “interpretación auténtica” del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Esto quiere decir que vía ley se dejaría claro que en el país se cobran los impuestos solo sobre las ganancias generadas dentro del territorio nacional; y no sobre aquellas que se obtuvieron en el extranjero.
Aunque así lo señala la ley, las autoridades tributarias venían usando un criterio de imponer impuestos sobre todas actividades que se hacen desde el país. Esto sin importar si el resultado final y las ganancias se generan en otro país.
Esa línea de trabajo se vio respaldada en los tribunales e incluso en la Sala I, máximo ente de Derecho Tributario en el país. Aunque un grupo de abogados recurrió a la Sala IV para señalar la inconstitucionalidad de dicho criterio, los magistrados rechazaron el alegato; lo que legitimó el sistema de cobro que ahora genera preocupación en varios sectores.
Aunque el plan se presentó en junio anterior, la sentencia vino a fortalecer el debate al respecto.
En manos del Gobierno
A mediados de año, de hecho, el Partido Liberal Progresista había presentado la iniciativa en cuestión. Ahora correspondería al Gobierno convocar como parte de las sesiones extraordinarias.
El presidente Rodrigo Chaves dijo el miércoles que tenía reservas sobre la sentencia. De paso señaló que diversos sectores le han advertido sobre los riesgos que esta traería.
Tanto él como el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, han señalado que evaluarán el proyecto; también recalcan desde el Gobierno apostarían por la Renta Global; mediante un proyecto que abarcaría el tema de territorialidad.
El Ministro Nogui Acosta dijo el martes que no ve con buenos ojos la propuesta del Partido Liberal Progresista y que más bien presentará un plan sobre Renta Dual. (Archivo/El Observador)
¿Cómo quedó el marco legal de la Renta por el momento?
La sentencia sobre el sistema de Renta abrió el portillo a tener que a tener que pagar doble impuesto: el de Costa Rica y el del país donde se brinde el servicio que generó el pago.
El detalle está en el sistema legal especial que tiene la Sala Constitucional.
Las sentencias de este tribunal no tienen apelación; sino que solo una nueva sentencia podría cambiar el paradigma que ya quedó configurado con el voto actual.
El plan alternativo sería la interpretación auténtica que ahora se ve en la Asamblea.
La sentencia completa es la 2022-23955, generada en octubre anterior y que puede consultar íntegro a continuación:
