Josué Alvarado
Ayer jueves 1 de junio se cumplieron 15 días desde que el Gobierno de Rodrigo Chaves anunció los proyectos de ley a través de los cuales pretende hacer una serie de reformas fiscales.
Todavía no se han hecho públicos los estudios técnicos que sustenten, entre otras cosas, que tan conveniente es subir el pago de impuestos a las microempresas o a las personas con discapacidad.
Los mismos estudios demostrarían que dichos cambios no representan más recaudación para el Ministerio de Hacienda, tal y como lo han asegurado el ministro, Nogui Acosta y el presidente, Rodrigo Chaves.
En una entrevista con El Observador Acosta comentó que tenían estudios técnicos que respaldaban la necesidad de algunas de las reformas en el impuesto sobre la renta, los cambios en el cobro del impuesto a la propiedad de vehículos y la eliminación de algunas exoneraciones.
El ministro también reconoció que no tenían los análisis sobre el efecto que generaría en las micro y pequeñas empresas subir el impuesto que hoy se les cobra.
“Lo que tenemos que hacer es aterrizarlos”
El jerarca también aseguró que cuando se redactaron los proyectos de ley ya contaban con esos datos de sustento, pero les faltaba “aterrizarlos” y generarlos de tal forma que la gente “entendiera”.
“Queremos hacer documentos que la gente pueda ver y que pueda leer y entender. Los análisis y todo, la parte más gruesa, ya está lista. Lo que tenemos que hacer es aterrizarlos y los vamos a publicar, para que la gente los pueda ver y puedan analizar esas cosas”, dijo el jerarca.
Días después de que el Gobierno presentara estos proyectos de ley distintos diputados solicitaron los sustentos técnicos.
Este miércoles 31 de mayo el Partido Liberación Nacional (PLN) pidió al Gobierno retirar de la corriente los textos presentados. Algunas de estas propuestas ni siquiera cuentan con el apoyo del partido oficialista, liderado por la diputada Pilar Cisneros.
Rechazo al paquete de cambios
Como era de esperar y como se lo habían advertido distintas fracciones, los proyectos no han encontrado apoyo en ningún rincón de la Asamblea Legislativa.
La convocatoria de estos proyectos incluso ha generado intercambios entre la diputada oficialista Cisneros y el presidente Chaves.
También le han dado la espalda la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), entre otras.
Desde febrero del 2023 distintas fracciones habían dicho al gobierno que si enviaba el proyecto sobre renta tal y como lo hizo no tendrían su apoyo. Entre quienes se opuso estaba la diputada Pilar Cisneros.
Debido al poco apoyo con el que cuenta específicamente el proyecto sobre reformas al impuesto a la renta, se atrasa la discusión y aprobación de los cambios necesarias para salir de la lista gris de la Unión Europea (UE).
El ministro Acosta no ha mostrado voluntad de convocar otros dos proyectos que pretenden resolver el defecto fiscal señalado por los países de Europa. Uno de ellos lo presentó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otro el Partido Liberal Progresista (PLP).
