Josué Alvarado
El Gobierno de Rodrigo Chaves mantendrá en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.760 para reformar el impuesto sobre la renta.
Esto pese al rechazo generalizado del texto y a la urgencia de aprobar los cambios que permitirían a Costa Rica salir del grupo de países no cooperantes en materia fiscal, conocida como lista gris de la Unión Europea (UE).
El plan presentado por el Poder Ejecutivo semanas atrás, no cuenta con el apoyo ni siquiera de la fracción oficialista. Agoniza y todavía ningún sector ha salido en su defensa.
Sin embargo, como actualmente se está en el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa es el Poder Ejecutivo el único que decide los proyectos que se discuten y que podrían aprobarse.
Por esto, aunque hay otras dos propuestas de reforma a la ley que tienen el objetivo de sacar al al país de dicha lista solo el Gobierno podría convocarlas.
Una de ellas la propuso el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y se tramita en el expediente 23.581. La otra el Partido Liberal Progresista (PLP), bajo el número 23.645.
Consultado por El Observador el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que ninguna de las anteriores cuenta con el aval de la UE, como si lo tiene el que presentó Hacienda.
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“Estamos abiertos a una discusión. Todos tenemos una preocupación. Tenemos que salir en octubre”, comentó el jerarca.
“Este texto que tienen ninguno de esos está avalado. Nosotros fuimos a la UE, hablamos con ellos. Ellos la avalaron”, añadió.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió el proyecto presentado por el Gobierno destacando que es el único avalado por la UE (Foto Archivo/ El Observador)
Gobierno sabía que nadie le apoyaba
Sin embargo, no es nuevo para el Gobierno que este proyecto para reformar el impuesto sobre la renta choque contra pared.
Desde el 23 de febrero los jefes de fracción de la mayoría de partidos, incluida la oficialista Pilar Cisneros, alertaron a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que el texto no tendría futuro si se enviaba de la forma en que se hizo.
El pasado jueves 18 de mayo el Ministerio de Hacienda presentó el texto sin considerar la opinión de la mayoría en la asamblea y 15 días después ya le están pidiendo retirarlo de la corriente.
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De esta forma, si el gobierno no retira su propuesta o la cambia, o bien, si no convoca los proyectos del PUSC y el PLP para salir de la lista gris, será hasta agosto se convoque otra iniciativa con ese objetivo.
A partir de ese mes inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias, lo que le permite a las fracciones decidir los proyectos que se discuten.
Para ese momento el plazo para aprobar el texto antes de que se venza el tiempo sería de tres meses.
“Tenemos que tener una medicina adecuada. No ocupamos una aspirina para un cáncer”, defiende Acosta la propuesta de Hacienda.
La propuesta del Gobierno: un paquete de cambios
Desde varios sectores advirtieron al Gobierno: la reforma necesaria para cumplir con las regulaciones de la UE se debían atender en un proyecto de ley independiente, que permitiera que su avance fuera más rápido debido a la urgencia.
Sin embargo, el proyecto 23.760 del Gobierno contempla una serie de cambios y no solo este:
- cambia la metodología para calcular el impuesto sobre la renta de tal forma que integra todos los ingresos de los contribuyentes (renta global)
- aumenta a 30% el impuesto sobre la renta a las micro empresas, que actualmente pagan entre el 5% y el 20%
- Se equipara la base exenta de trabajadores independientes y asalariados
Desde febrero del 2023 la diputada del PUSC, Daniela Rojas, señaló que el requerimiento de la UE era gravar las rentas pasivas extraterritoriales de entidades corporativas.
Para las misma fecha la diputada del PLN, Kattia Rivera, había dicho que este paquete podría interpretarse como una forma del Gobierno de aprovechar la urgencia de una reforma para aprobar otras que requieren de más estudio.
