Paula Ruiz
La estadística más reciente cumplió 15 años. Un estudio realizado entre 2007 y 2008 por la Asociación Demográfica Costarricense reveló que en el país se realizaban -en aquel momento- 27.000 abortos inducidos. Desde entonces, se desconoce si la cifra aumentó o se redujo.
Lo que sí es un hecho, es que es una realidad. Ileana Vindas lo hizo hace 25 años.
Recordó que cuando se enteró del embarazo y tomó la decisión de interrumpirlo, no tenía con quien hablar. Sabía que el papá del bebé no se haría cargo y por eso, optó por llamar a un doctor conocido por ella para el procedimiento.
“Yo fui y me inyecté, al tiempo después el bebé se me vino y de todo lo que pasó, no es un proceso fácil, hay muchas consecuencias sobre todo psicológicas, depresiones que se viven. Le comenté a mi psicólogo por lo que había pasado y él se puso a hacer investigaciones y lo que me dijo fue que al final, se necesitaban como varias inyecciones para que se diera y quedamos en la incertidumbre si en realidad fue por eso porque científicamente se ocupaba más y eso llegó a darme un poco más de tranquilidad”, aseguró.
Vindas no recordó el nombre de la inyección, pero sí que en aquel momento le indicaron que una sola dosis era suficiente.
Cuando el producto “se le vino” asistió a un centro médico privado para ser atendida. Vindas dijo que para ella fue tan difícil que hasta intentó quitarse la vida.
“Es una culpabilidad enorme porque es un ser inocente, uno no puede uno dormir, tiene pesadillas, ataques de ansiedad, ataques de pánico. No se puede llevar una vida normal después de eso, ni tampoco con ayuda psicológica porque es algo muy interno y personal”, contó a El Observador en agosto de este año.
“El dolor va a seguir ahí, es un hijo, no es un animalito, sí se le destruye a uno la vida por completo”, continuó.
Actualmente, Vindas tiene 42 años y cuando se realizó el procedimiento tenía 17 mientras en su vientre, un producto de casi tres meses.
Ahora es activista pro-vida y por tanto, aconsejó a quienes planean optar por un aborto, continuar con el embarazo y darlo en adopción.
Otro testimonio es el de Daniela. A ella le cambiamos el nombre para efectos de este reportaje porque pidió proteger su identidad.
Cuando ella se enteró de su embarazo, buscó una clínica segura en Costa Rica para proceder con el aborto. No había dudas en su decisión.
Sin embargo, no encontró un lugar acá y optó por buscar en el exterior. Fue así como llegó a México, país donde estaba despenalizado el aborto desde 2021 en algunos estados y que se elevó a toda la nación en setiembre de 2023.
Al igual que Ileana, Daniela ya llegaba a los tres meses y por tanto, tomó ese avión sola para evitar sobrepasar las 12 semanas de gestación permitidas para la interrupción del embarazo.
Larissa Arroyo, activista y abogada especialista en Derechos Humanos, contó que efectivamente, aquellas mujeres con recursos económicos están optando por salir del país para practicarse un aborto, debido a la ilegalidad de este procedimiento en Costa Rica.
Puntualizó casos de costarricenses que van a lugares como México y Nueva York.
Esto, les garantiza la posibilidad de realizar esta práctica de forma segura, sin exponerse a secuelas físicas por hacerlo en lugares sin autorización.
Valeria Marín, de Aborto Legal Costa Rica también coincidió con la salida del país para realizar un aborto. Eso sí, esta es una posibilidad que tienen a mano aquellas mujeres con recursos económicos para incurrir en los gastos que implica el tiquete aéreo, hospedaje y el procedimiento.
“Es común que mujeres que tengan la posibilidad económica, salgan del país a hacerse abortos. Van a México o Estados Unidos y es algo que es una realidad nuestra”, señaló.
Marín es del criterio que esto es un problema de salud pública debido a las secuelas físicas que podría acarrear un aborto ya sea en una clínica clandestina o bien, con pastillas de las que no hay garantía que sean para ese fin dado que pueden ser hasta víctimas de estafa.
“Eso genera que haya personas vendiendo pastillas que no son reales y otras adulteradas, que dicen cuántas hay que tomarse y todo eso es un problema de la parte física. El misoprostol no te va a intoxicar, pero de todas maneras estás usándolo sin el acompañamiento de una persona que tenga el conocimiento”, consideró.
Uno de los medicamentos que sí tiene confiabilidad es la de anticoncepción de emergencia, que no busca interrumpir un embarazo, sino prevenirlo.
Desde 2022, la Caja Costarricense otorga esta pastilla en sus farmacias y de acuerdo con estadísticas de dicha institución, en ese año se entregaron 664 tabletas de levonorgestrel 1.5 mg, mientras que entre enero y febrero del 2023 se contabilizaron 84.
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Fácil acceso
La forma más común para proceder con la interrupción del embarazo es mediante pastillas pues permite el procedimiento al inicio del embarazo. Cuando ya está avanzado, su efectividad es mucho menor por lo cual, la mujer tendría que recurrir a una clínica clandestina a optar por la extracción del bebé.
Para efectos de este reportaje, consultamos sobre la pastilla misoprostol mediante un número de WhatsApp a través del cual se concreta la compra.
Allí, se brindó información e incluso cuentan con una página web desde donde se indica que este medicamento es seguro y eficaz para abortar hasta máximo la semana 12 de gestación.
“Es un medicamento que no se acumula en el cuerpo de las mujeres ni causa daño a su fertilidad; es decir una mujer puede volver a embarazarse nuevamente después de abortar con Misoprostol”, indican en el sitio web.
En la web, se especifica que la pastilla promueve contracciones uterinas y prepara el cuello del útero para el trabajo de parto. Es por eso que garantizan que el único “efecto secundario” es la inducción del parto y, en caso de aplicarse de manera adecuada, no habrá hemorragias, lesiones uterinas ni infertilidad.
Vía WhastApp, solicitan respeto, confidencialidad y discrecionalidad y se pide información relacionada con la fecha de inicio de la última menstruación dado que aclaran que el medicamento tendrá efecto contabilizadas las seis semanas después de dicho evento.
También, requieren el dato porque indican que la mujer no debe tener más de diez semanas, con tal de evitar complicaciones.
El precio dependerá de la cantidad de pastillas que requiera cada fémina y van desde los ¢50.000 hasta ¢175.000. La dosis recomendada es entre 8 y 12 dosis, según se indicó y depende de las semanas de gestación.
El pago se realiza únicamente en efectivo y las entregas se hacen de manera personal en San José Centro y en un centro comercial ubicado al este, en la capital.
A esta realidad se suman las noticias de fetos encontrados en lugares públicos. Uno de esos sucedió el 8 de junio cuando apareció uno en la planta de tratamiento en Forum, Santa Ana, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Agentes de OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo, según confirmaron a este medio mediante la oficina de prensa.
También, por esa misma vía indicaron que la Oficina de Planes y Operaciones, no lleva datos estadísticos de fetos hallados en vías públicas o recintos privados.
La venta del medicamento es de fácil acceso. Captura de pantalla.
Fortalecer adopciones
Mery Morera, es la presidenta de la Juventud Disidente Pro-vida. La organización -con personería jurídica- inició como un grupo de la Universidad de Costa Rica, pero ya se extendió a otras casas de enseñanza públicas y privadas.
Morera apuntó a que hay vías para evitar un aborto, entre ellas un acompañamiento sólido del Estado y la agilización de adopciones.
Para la organización que representa Morera, el acompañamiento psicológico para aquellas mujeres que desean abortar, es fundamental para evitarlo.
“Las políticas públicas deberían estar orientadas en el respaldo y acompañamiento psicológico de la mujer”, consideró.
Afirmó que hay organizaciones en Costa Rica que pueden dar respaldo a aquellas mujeres que no esperaban la noticia de un embarazo. Aunque, no detalló el nombre de alguna.
Para la Juventud Disidente Pro-vida, la agilización en los procesos de adopciones es una alternativa para evitar los abortos.
“Hay parejas que esperan más de 7 años para poder adoptar y el chico ya no era de la edad que habían predeterminado que iban a adoptarlo”, ejemplificó Morera.
Lo que no es negociable para este grupo de jóvenes, es permitir el aborto de forma libre. Más bien, creen que debe ser considerado como un asesinato agravado debido al vínculo que existe entre la madre y el producto.
Asimismo, son defensores de las dos vidas y afirman que los médicos deben de salvar a ambos y solo “en caso extremo donde la salud de la madre esté en riesgo, se puede hacer la interrupción” tal cual se contempla en la actualidad mediante el aborto terapéutico.
Morera aseguró que hay una estadística que se desprende de un informe en Francia donde se indica que el 83% de las mujeres que se practican un aborto “padecen del síndrome post-aborto y que al mismo tiempo hay lesiones tanto hemorragias, potencial infertilidad, perforaciones de útero, etcétera, hay muchas cosas que pueden estar en riesgo”. No fue posible acceder al documento.
Frente a esta realidad, las organizaciones pro-aborto tienen claro que por lo menos, durante este periodo constitucional, el aborto no será legal en Costa Rica.
Esto, por cuanto la conformación de la Asamblea Legislativa tiene pocas voces en favor de esta práctica y, en Casa Presidencial, Rodrigo Chaves ha sido claro en su oposición.
Incluso, Chaves advirtió que podría aplicar cambios al aborto terapéutico en caso de que la Sala Constitucional no resuelva pronto una acción de inconstitucionalidad que se presentó desde enero de 2020.
