Hermes Solano
Este lunes el Tribunal de Inspección Judicial dio a conocer la resolución sobre el juez Francis Porras León, a quien le revocaron su nombramiento debido a su intento de anular el matrimonio del activista gay Marco Castillo.
Las autoridades lo consideraron como una “falta grave”.
El departamento de prensa del Poder Judicial confirmó la resolución del caso sobre Porras León, quien tiene tres días hábiles para apelar ante el Consejo Superior.
“En primer lugar me parece que la Inspección (Judicial) en este caso concreto ha dado una resolución muy adecuada”, dijo Castillo, en conversación con El Observador.
Marco Castillo se casó el 26 de mayo de 2020 con su pareja Rodrigo Campos. Lo hizo el mismo día que entró a regir el matrimonio igualitario en Costa Rica.
Porras cuestionó esa unión considerando que se había hecho previo a la entrada en vigencia de la ley, afirmando que el plazo que dio la Sala Constitucional comenzaba a regir el 27 de mayo, un día después.
El juez se presentó ante el Juzgado de Familia de Desamparados -donde se realizó el matrimonio- para presentar un recurso de nulidad. Lo hizo omitiendo su condición de juez.
El recurso fue rechazado y la jueza de Familia de esa dependencia trasladó el caso a Inspección Judicial, que abrió una investigación.
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Ajustada a derecho
Según Castillo, quien recibió una suspensión de 13 años del ejercicio de sus funciones como abogado por casar a dos mujeres en 2015, la Corte está salvando su prestigio con esta resolución.
“Resolución me parece ajustada a derecho, a los hechos y al prestigio de la Corte. Me parece que Inspección hizo lo justo, lo correcto, porque el juez estaba irrespetando los derechos humanos”, dijo el activista.
Además, consideró que esto marca un precedente ya que las autoridades que deben velar por el cumplimiento de la ley no pueden resolver ante sus intereses personales.
“No es posible que haya personas que ocupen cargos judiciales de resolver y les interese sus criterios personales fundamentalistas en contra de la ley”, dijo.
“Cometió (el juez) un acto un poco ortodoxo de decir que como persona privada se oponía a un matrimonio que aprobó una jueza”, siguió en su comentario.
El juez notarial Francis Porras durante la Marcha por la Vida el 31 de agosto de 2019 en San José. (Facebook de Francis Porras)
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Mantener la resolución
Ahora el juez Francis Porras tiene tres días para presentar la apelación.
El pasado 18 de junio Inspección Judicial había suspendido por cinco días sin goce de salario al juez aduciendo falta grave al oponerse al matrimonio igualitario.
Según Castillo, esta tiene que resolverse en contra si la Corte quiere mantener el prestigio como defensor de los derechos humanos.
“La Corte tiene que mantener la resolución de la inspección, sino quedaría muy mal parado el prestigio que tiene”, finalizó.
