Tomás Gómez
Lejos de las interpretaciones de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, los ministros designados para la Administración Chaves Robles aseguran que ya no hay motivos para seguir bloqueando la entrada del aguacate extranjero al país.
Tanto Laura Bonilla, próxima jerarca de Agricultura, como Manuel Tovar, nombrado en Comercio Exterior, coinciden en permitir la importación de la fruta, restringida desde 2015.
A ambos les tocará ejecutar el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que sancionó al país por las disposiciones del Gobierno de Luis Guillermo Solís que, sin criterios claros, prohibieron el ingreso del aguacate Hass.
“Yo creo que eso es claro, ya el fallo fue dado; lo que tenemos es que acatar lo que el fallo dice”, dijo Bonilla.
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Tovar ya se había pronunciado en la misma línea, aseverando que fueron innecesarias las prohibiciones.
“Hay un tribunal arbitral que ha determinado, ya es cosa juzgada, que la medida del Servicio Fitosanitario ha sido ilegal a la luz de las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio”, dijo durante su designación.
La discordia del aguacate
El 5 de mayo del 2015 el gobierno de Luis Guillermo Solís suspendió las importaciones del aguacate Hass de ocho países, de los cuales México era el principal proveedor.
La restricción también afectó las importaciones desde Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, Venezuela y el estado de Florida, en Estados Unidos.
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El Ejecutivo adujo un supuesto riesgo de ingreso de la plaga “sunblotch” o de mancha de sol.
La política generó de inmediato una reacción de parte de México ante la OMC, que no impidió que el actual Gobierno mantuviera la restricción. Incluso el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, incluso sembró un árbol de aguacate en el jardín del Ministerio, un hecho que fue señalado por el sector empresarial como una provocación.
Al conocer el fallo de la OMC semanas atrás, el Gobierno saliente alegó que resolver el tema quedaría en manos de su sucesor.
Eso sí el presidente Carlos Alvarado generó interpretaciones ideológicas a la condena para mantener el veto hasta su último día en el cargo.
“No es que dice que tiene que eliminarla, sino que tiene que estar acorde con los estándares”, comentó.
Consecuencias de políticas aún están por verse
Tras años de debate, el mes anterior la OMC confirmó la condena a Costa Rica. La resolución enfatizó en que:
- Costa Rica no aseguró de que sus medidas fitosanitarias se basaran en una evaluación de los riesgos existentes para la preservación de los vegetales. (Artículo 5.1)
- Al evaluar los riesgos, Costa Rica no tuvo en cuenta los testimonios científicos existentes y la prevalencia de enfermedades o plagas concretas. (Artículo 5.2)
- Al evaluar el riesgo para la preservación de los vegetales y determinar la medida que habrá́ de aplicarse para lograr el nivel adecuado de protección fitosanitaria contra ese riesgo, Costa Rica no tuvo en cuenta factores económicos pertinentes como: el posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, radicación o propagación del sunblocht; los costos de control o erradicación en el territorio de Costa Rica; y la relación costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos. (Artículo 5.3)
- Costa Rica no se aseguró de que sus medidas fitosanitarias, como las resoluciones DSFE-002-2018 y DSFE-003-2018, las cuales contienen los requisitos fitosanitarios, estén basadas en principios científicos y de que no se mantengan sin testimonios científicos suficientes. (Artículo 2.2)
A nivel interno también se sigue una causa contras las medidas del Gobierno en Tribunal Contencioso Administrativo.
La sanción internacional abre las puertas a que se valoren también sanciones económicas por los efectos de la medida.
