Paula Ruiz
Los alcaldes implicados en la Operación Diamante comenzaron a salir la tarde de este miércoles del II Circuito Judicial de San José, ubicado en Calle Blancos, Goicoechea.
El primero de ellos fue Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú ligado al Partido Nueva Generación (PNG).
Con una bolsa en mano y alzando su mano para saludar, dio declaraciones tras su salida.
“¿Va a renunciar al cargo?” consultó la prensa. “No, jamás, yo no he hecho nada, soy inocente”, respondió.
Barahona indicó que la investigación está “un poco desordenada” por lo que espera que en las próximas semanas haya orden.
“El Poder Judicial está haciendo su trabajo tienen que individualizarse los casos, no todo es igual”, declaró.
Por su parte, Alberto Cole, alcalde de Osa fue el segundo en salir del Tribunal. También se declaró inocente y negó dejar el cargo.
“El alcalde es la persona más preocupada porque se haga obra en su cantón, que se inviertan los recursos del Estado en el cantón y se hagan de manera expedita”, señaló.
Cole indicó que culminará su periodo municipal en 2024 tras cuatro reelecciones y por tanto, no buscará continuar en el puesto.
15 obras comprometen a los alcaldes
La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa. También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal.
Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
Fotos de Eyleen Vargas, para El Observador
