Paulo Villalobos
La contralora general Marta Acosta respaldó este martes la disposición que emitieron sus subalternos, para obligar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, a revertir un acuerdo sobre la aplicación de la reforma fiscal en las remuneraciones de los funcionarios judiciales.
Esto luego de que la Corte Plena cuestionara la competencia del Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, para girar un mandato al jerarca de un supremo poder.
“La orden girada por la Contraloría General de la República al Poder Judicial se da dentro del marco de una auditoría en curso en el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, actualmente a cargo de la gerente doctora Falon Arias, según las competencias internamente asignadas y, como toda actuación institucional de esta naturaleza, cuenta con el respaldo del despacho de la contralora general”, reaccionó Acosta por escrito.
“Dicha orden se ajusta a los términos utilizados para los sujetos pasivos de nuestra fiscalización y, el Poder Judicial, como cualquier otra administración pública, cuenta con las vías legales pertinentes para procurar su revisión, incluida la posibilidad de plantear recursos administrativos”, añadió.
La jerarca evitó referirse al fondo de la disposición, ante la posibilidad de que lleguen esos recursos.
Ayer, Cruz dijo el lunes que la orden le resulta inconstitucional y “un mandato casi policial”. El órgano superior del Poder Judicial acordó emprender una pugna legal con el ente contralor.
También lo incluyó en una lista de tres eventos que, asegura, representan ataques contra la independencia de la Corte Suprema de Justicia.
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Pulso legal
Para intentar traerse abajo la orden de la Contraloría General, la Corte Plena acordó instar al magistrado presidente, Fernando Cruz, emprender alguno de los siguientes mecanismos:
- presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio
- emprender acciones amparadas a la Ley General de la Administración Pública
- pedir la suspensión de los efectos del acto del ente contralor, con base en el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública
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Según la cúpula del Poder Judicial, en el acto de la Contraloría hubo:
- falta de competencia de parte de la Contraloría, ya que el oficio lo giraron funcionarios del Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en vez de su superior, Martha Acosta
- improcedencia ante la discusión de una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz, de la cual la Contraloría es coadyuvante
- carencia de legalidad en lo ordenado
Al finalizar la votación, los representantes de organizaciones judiciales del Poder Judicial aplaudieron y vitorearon la decisión.
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Disposición contralora
El 20 de diciembre pasado, la Contraloría General de la República ordenó a la Corte Suprema de Justicia, cambiar el cálculo de las remuneraciones de sus funcionarios, según lo que se indica en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esto luego de que los magistrados acordaran el 18 de marzo de 2019, eximir de esos ajustes a todos los empleados que fueran contratados antes del 4 de diciembre de 2018, fecha en la que entró en vigencia la reforma fiscal.
Según la Contraloría, si el jerarca no cumple, incurriría en una falta grave, que lo expone a sanciones administrativas.
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Variaciones en remuneraciones
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas transforma el cálculo de los sobresueldos, al pasar de un cálculo porcentual a uno nominal.
Con ello se busca desacelerar el crecimiento de los complementos salariales, pues se pagará un monto fijo y no ligado al salario base que crece.
De hecho, la norma indica que cada institución debe tomar el porcentaje del incentivo correspondiente y calcularlo sobre el salario base que tenía el trabajador a enero de 2018.
La otra variación tiene que ver con el reconocimiento máximo de cesantía, establecido en la norma para ocho años. El Poder Judicial había acordado mantener en 12 años ese límite.
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Paulo Villalobos
