Hermes Solano
La Asociación Costarricense de Jueces (Acojud) a través de su presidenta Adriana Orocú hace un llamado urgente a los diputados para resolver el vacío legal en la Ley contra Crimen Organizado generado por la misma Asamblea Legislativa.
“Vemos con gran preocupación que estas cosas pasen y más las consecuencias de las interpretaciones que hacen los jueces”, dijo Orocú, clara en que el “actor principal que provocó esto es la Asamblea Legislativa”.
Por eso hace un llamado a que se resuelva el problema por el bien del estado democrático de la justicia en Costa Rica.
“Pido que analicen el contexto de la responsabilidad que deben de tener en el momento, cuando una inactividad de un tema urgente puede generar graves consecuencias”, señaló la jueza.
“Se necesita legitimidad en las actuaciones para el combate a la corrupción y crimen organizado. Es un tema que deben saldar casi de inmediato”, añadió.
En el período anterior, los legisladores aprobaron una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que generó una derogatoria en varios artículos.
Esto permitió que semanas atrás, por ejemplo, se dejara en libertad a una banda conocida como “Los Gery”, acusados de tráfico y venta de drogas, ya que se imposibilitó continuar con la prisión preventiva.
Criminalizar jueces
Para la Acojud, lo más grave de esta situación es que se está criminalizando a los jueces de la República.
Esto porque se han presentado varias denuncias contra ellos tras las resoluciones emitidas.
Hace un par de semanas se dio a conocer que un abogado, defensor de un sospechoso en el “caso Tukresky” -investigación ligada al narcotráfico- denunció a dos jueces por mantener la prisión preventiva del hombre.
“Lo más preocupante es que sea el Ministerio Público o los abogados defensores que criminalicen a los jueces por la interpretación de la norma”, dijo Orocú, enfatizando eso sí, en que ellos son jueces de derecho, en el que interpretan las normas.
“Nada más violatorio que se persiga a un juez por sus resoluciones”, añadió, dejando en claro que ese es el mayor riesgo que se corre en este momento.
Aunque no tiene el número claro, Orocú dice que hay bastantes denuncias en este momento contra jueces.
“En un Estado democrático esto no puede pasar”.
Dos proyectos
En la Asamblea Legislativa hay dos proyectos para resolver el tema; uno de ellos de la diputada liberacionista Carolina Delgado; sin embargo, todavía no es un tema que se esté discutiendo.
Semanas atrás, Delgado y la presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso, la diputada Gloria Navas, le dijeron a El Observador que iban a trabajar a fondo en el tema para darle prioridad de resolución.
Este jueves, el Poder Judicial dio a conocer una resolución del Tribunal de Apelaciones de San José en el que se rechazó la ampliación de prisión preventiva de un acusado de narcotráfico.
En el documento señalaron que uno de los proyectos que hay en la Asamblea está erróneo, pero no dieron detalles al respecto.
El Observador consultó a través del departamento de prensa sobre ese detalle, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
