Tomás Gómez
La inminente elección de Mauricio Claver-Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha comenzando a complicarse con el paso de las semanas.
Claver-Carone, de origen cubano-estadounidense, fue presentado como una apuesta personal del Gobierno de Donald Trump, en una decisión histórica de tener un candidato propio a un cargo tradicionalmente destinado a un latinoamericano.
La postulación no cayó bien dentro de la Unión Europea, uno de los principales cooperantes de la insitución, que ahora intenta retrasar la decisión para marzo del 2021, una vez que hayan pasado las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos y donde la permanencia en el cargo de Trump también se tambalea.
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Según reveló el fin de semana anterior el medio español El País, el representante europeo para la Política Exterior, Josep Borrell, envió una carta a los estados miembros del organismo pidiendo la postergación.
El pedido tuvo eco inicialmente en Chile y Argentina, a quienes este viernes se sumó México, una de las naciones con más peso dentro del Banco, donde el poder se reparte según el tamaño de las economías.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de ese país, la pandemia ha impedido a los representantes de cada país tener las respectivas conversaciones sobre el próximo liderazgo, por lo que el relevo debe posponerse.
#Hacienda coincide en posponer la elección de presidente de este organismo, hasta que haya condiciones para ello, sobre todo para dialogar y definir el papel que tiene esta institución ante los desafíos sociales y económicos que plantea la coyuntura del #Covid19.
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 7, 2020
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Más presiones
La iniciativa para modificar la elección recibió esta semana el respaldo político de 133 figuras de poder de la región, entre las que se suman expresidentes y exvicepresidentes, académicos de alto nivel y otros jerarcas.
El grupo, reunido en un espacio denominado “Mesa de Reflexión Latinoamericana” impulsa que la nueva cabeza se designe por consenso, evitando así un desgaste político entre los países de la zona.
“Hacemos un enfático llamado a todos los gobiernos miembros del BID para establecer este periodo de reflexión y evitar divisiones innecesarias a que pongan en riesgo la convivencia continental precisamente cuando la cooperación regional resulta más necesaria que nunca”, indica el manifiesto.
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Dentro de sus firmas destaca la costarricense Jossette Altman, actual directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y exprimera dama.
También firmaron el excanciller brasileño Celso Amorim, el juez de la Corte Interamericana Diego García-Sayan y el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Costa Rica en la pelea
En medio de la polémica por la candidatura estadounidense surgió el nombre de la expresidenta Laura Chinchilla, que garantizaría la tradición de tener una presidencia latinoamericana y que de ser electa se convertiría en la primera mujer en el cargo.
Tras dar largas al tema, este viernes por la tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores acuerpó el pedido de la Unión Europea y pidió un mayor espacio para realizar la elección.
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“Seguiremos adelante con la promoción de la candidatura por Costa Rica de la expresidenta Chinchilla, entendiendo que lo más importante en este momento es garantizar las condiciones de debate y reflexión para que se adopte la mejor decisión posible, condiciones que hoy resultan imposibles de atender”, señaló Cancillería en un comunicado.
Junto a Chinchilla y Claver-Carone se presenta también el argentino Gustavo Beliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos en la Casa Rosada.
Largo y desigual camino por la silla principal
La designación del sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno, que dejará el BID este año, está marcada por reglas de poder económico y por la pandemia.
Aunque originalmente la elección sería en la cumbre del Banco, convocada para marzo anterior en Barranquilla, la crisis del COVID-19 produjo su postergación para setiembre.
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El método de votación se define por un sistema de cuotas donde el aporte al capital define el peso, lo que deja a Estados Unidos con el 30%. Le siguen Argentina y Brasil con 11,3% por país.
Otras porciones importantes las mantienen México con 7,3%, Japón el 5% y Chile y Colombia con el 3,2%, cada uno.
A Costa Rica, por su parte, le toca un 0,46% de derecho al voto.
