Sergio Arce
La Cámara de Comercio de Costa Rica lamentó la solicitud del Consejo de Transporte Público (CTP) realizada el viernes pasado. El ente colegiado pidió a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que ordene el cierre definitivo de las plataformas digitales de transporte remunerado como DiDi y Uber.
Ante este panorama, la gremial pidió al Poder Ejecutivo que convoque “sin mayores dilaciones” a sesiones extraordinarias el proyecto de ley 21.587.
Este proyecto de ley lo suscribieron de manera consensuada todas las fracciones políticas representadas en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Pero la iniciativa está estancada desde el 2019.
“La reputación del país y el sistema democrático están siendo seriamente comprometidos. Si el Consejo de Transporte Público y el Gobierno de la República desean solventar la inseguridad jurídica que pesa sobre la industria de plataformas digitales, deben convocar sin mayores dilaciones a sesiones extraordinarias el proyecto de ley 21.587”, indicó la Cámara este lunes.
Cámara: anuncio del CTP es un balde de agua fría
La Cámara calificó el anuncio del CTP -integrado, entre otros, por representantes de los autobuseros y taxistas- como “un balde de agua fría en un país urgido de reactivación económica”.
“(Costa Rica) aún mantiene una de las tasas de desempleo más altas en casi cuatro décadas. Todo esto además en medio de una pandemia que ha sumido a miles de costarricenses en una crisis sin precedentes.
“La industria de plataformas ha fungido como un medio con pocas barreras de entrada para generar ingresos y aliviar a miles de hogares en el país, a los cuales este gobierno estaría afectando en medio de la mayor crisis económica que ha enfrentado Costa Rica”, apuntó la Cámara de Comercio.
En el caso de Uber, la firma ha señalado que cuenta con cerca de 30.000 colaboradores. Muchos de ellos son personas desempleadas.
Uber pide marco regulatorio
Uber se pronunció en contra de la petición del CTP, que busca la salida de su operación en Costa Rica y la de plataformas similares como Didi e InDriver.
“Lamentamos que ponga en riesgo el sustento de miles de familias”, indicó la empresa estadounidense en un comunicado enviado a El Observador.
La empresa resaltó su disposición e interés por participar en la discusión de la movilidad colaborativa, tanto a nivel legislativo como del Ejecutivo.
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“No se debe detener el proceso de discusión libre, que busca un marco jurídico que le brinde seguridad a todas las partes”, indicó la multinacional.
Uber puso en operación los viajes colaborativos en Costa Rica el 21 de agosto de 2015. Poco tiempo después, el 11 de setiembre del mismo año, recibió la primera crítica del CTP, que calficó su operación como “ilegal”.
Cuatro años después, en noviembre de 2019, hizo su debut la empresa Didi, que inició con 5.000 conductores.
Polémica decisión
El CTP informó la tarde del viernes sobre su decisión de solicitar a la Procuraduría General de la República que presente una demanda ordinaria contra Uber, DiDi e InDriver.
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Otro de los puntos acordados por el ente colegiado es solicitarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) bloquear dichas aplicaciones, que en el país le dan trabajo a miles de personas.
Estas firmas, a pesar de no contar con el visto bueno estatal, recaudan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por su uso desde el 18 de diciembre pasado.
