Tomás Gómez
Muchos -desde la supervisión, los sectores productivos, la política y el ojo experto- advertían la herida de muerte que tenía el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). Pocos -sobre todo desde el Gobierno de turno- insistían en lanzarle un multimillonario salvavidas que ahora está judicializado.
Ese era el panorama media década atrás, cuando Bancrédito agonizaba y las dudas por el devenir de la institución volvieron a tomar fuerza luego de que la Fiscalía acusara a varias figuras del primer Gobierno del PAC -incluyendo al expresidente Luis Guillermo Solís- por el fallido intento de salvamento.
Aunque esos exjerarcas defienden que no incurrieron en ilegalidades y defienden su actuación, también salen a flote las advertencias que desde entonces varios entes técnicos, actores bancarios y políticos hacían sobre la situación de la institución.
Lejos de la expectativa de Zapote, en sus aceras la preocupación y la lectura negativa de los números era la tónica.
Pese a la inyección de recursos (ahora judicializada), esa segunda hipótesis fue la que terminó por imperar. Bancrédito dejó de operar comercialmente en 2017 y para el 2018 se le dio fin legal oficial, cuando sus remantes pasaron vía ley al Banco de Costa Rica.
Esta es un resumen de las acciones que hubo entonces, las advertencias y lo que podría venir.
El panorama que se complicó al banco
Bancrédito se fundó en 1918 como un facilitador de recursos para los agricultores cartagineses y con la nacionalización de la banca se extendió a todo el país en 1948. Su última crisis, sin embargo, le impidió llegar al centenario de vida.
La situación no fue nueva ni inmediata, pues poco a poco el Banco venía perdiendo terreno comercial; así como operaciones que lo mantenían a flote.
En 2012, por ejemplo, perdió la administración de los fondos de Banca para el Desarrollo, cuyo impacto rondó los ¢4.500 millones. Ese mismo año el ente tuvo la mayor cartera morosa en todo el sistema bancario y posteriormente también perdió el servicio de venta de timbres fiscales.
Fue cuestión de tiempo para la debacle final. Ante la agonía, en 2016 el entonces Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) optó por la vía de un salvataje que terminó en fracaso.
Cirugía en Zapote
A la fecha, en la página web de Casa Presidencial siguen archivados los optimistas comunicados de prensa con que el Gobierno de Luis Guillermo Solís anunciaba posibles transformaciones de Bancrédito.
“Gobierno confirma respaldo a Bancrédito”; “Gobierno mantiene intactos planes para transformación del Banco Crédito”; rezan las publicaciones fechadas en 2017, momento en el cual la crisis ya era inminente.
Negándose al cierre, la proyección del momento era convertir al ente en el Banco Costarricense de Fomento (BCF). Bajo esa nueva versión, más que intermediación financiera la institución pasaría a asumir labores de otros organismos estatales.
Su materialización, sin embargo, dependía de un proyecto de ley que no vio la luz y de paso hubo problemas para desprenderse de sus propiedades y devolver algunos activos, lo que complicó el cronograma de salvación.
Aparejado a esa expectativa estuvo también la transfusión de miles de millones de colones y de decenas de millones de dólares de fondos públicos que ahora estarían por analizarse en juicio. Los datos señalan que se realizó inversiones en títulos valores, por unos ¢38.000 millones y $50 millones.
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En ese mismo 2017, una directriz presidencial llamó al sector público a mantener las inversiones en el banco. Además, se compró un título más por ¢62.000 millones.
De ese punto hablaremos más adelante pero vale adelantar que uno de los temores generados fue que la institución no pudiera responder por esa asistencia.
Junto a Luis Guillermo Solís las investigaciones del Caso Bancrédito señalan a figuras como su Vicepresidente y Exministro de Hacienda, Helio Fallas, y el jerarca de Presidencia, Sergio Alfaro (Archivo)
Salvar Bancrédito o el resto del sistema financiero
Con la Navidad del 2017 llegó también el fin de Bancrédito.
El 22 de diciembre de ese año el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dictó la intervención del Banco.
Luis Carlos Delgado, entonces Presidente del Consejo, dijo en el momento que se “tomó esta decisión con el fin de velar por la estabilidad, solidez y buen funcionamiento del Sistema Financiero así como de los recursos públicos que mantiene la entidad bancaria, y consecuentemente, tomar posesión de todos los bienes de la mencionada entidad, para administrarlos como mejor convenga a los intereses públicos”.
El crudo mensaje venía antecedido también por reiteradas advertencias de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Este ente supervisor no escatimó en advertencias sobre malos resultados y fluctuaciones de ganancias contrarias a los parámetros técnicos.
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Para el momento de la intervención, según Sugef, Bancrédito estaba en Irregularidad Financiera de Grado Tres. Esto implicaba riesgo en las áreas de liquidez, rentabilidad y activos.
En esos últimos meses el Banco llevaba un “significativo deterioro” de los indicadores. Además, en ese último semestre había un deterioro patrimonial significativo y las pérdidas llegaban al 37% del patrimonio.
Una intervención, por favor
En medio de las diferencias de criterio entre Gobierno y supervisores quedaron entonces otras instituciones y hasta la empresa privada.
La Unión de Cámaras Empresariales (Uccaep) pidió ese mismo mes de diciembre que se diera la intervención. Lo hizo ante el rumbo que llevaba la institución y el efecto que podría caer incluso sobre las finanzas públicas, pues para ese momento el Ministerio de Hacienda era el principal acreedor de Bancrédito. “Evidentemente aquí existe un perjuicio al erario público y esa factura la podríamos terminar pagando todos los costarricenses”, afirmaba la cúpula empresarial entonces.
También habían dudas entre otras instituciones públicas a las que se recurría para promover el ya mencionado salvataje.
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Una de ellas era el BCR, con quien Bancrédito ya tenía alianzas en procura de un remozamiento. No obstante, su entonces presidenta Paola Mora reprocha las actitudes con que desde el Poder Ejecutivo tratarían de mantener viva la institución, aún y cuando estas no se basaran en aspectos técnicos.
“Su temor principal era el cierre de un banco público, en un gobierno del PAC; con las consecuencias en imagen que esto representaría para las elecciones que se aproximaban”, apuntó en conversación con El Observador.
“Nunca de Casa Presidencial llegó una directriz escrita para obligar al BCR a mantener las inversiones. Todas las directrices eran verbales, amenazantes y acosadoras. La Casa Presidencial pretendía que la Junta Directiva del BCR y la alta Gerencia tomaran los riesgos para no cerrar Bancrédito de manera oficiosa, por una lealtad al gobierno Solís Rivera. Evidentemente, nadie se apartó de los criterios técnicos e hicimos lo correcto. Lo anterior hizo que quedara en evidencia -con la forma de proceder- que desde Casa Presidencial ‘se metió mano’ para mantener a Bancrédito vivo, a pesar de que ya era tarde”, agregó Mora.
¿Cuándo es insalvable un banco?
Hagamos una pausa por un momento para ver el tema bancario desde lo técnico.
¿Cuándo llega un banco a un punto de no retorno y qué vías hay para proceder?
El economista Gerardo Corrales explica que eso ocurre cuando el ente no tiene suficiente patrimonio o enfrenta problemas de liquidez para atender pagos por vencimientos e intereses. Ese último escenario fue el que tuvo Bancrédito.
Desde su análisis, además de las inyecciones presupuestarias como medida de salvataje hay otras opciones que la ley nacional debería modernizar.
“En otros países donde la legislación bancaria es mucho más flexible, le permite al regulador intervenir de inmediato el banco, separar los activos buenos de los activos malos, o sea, ‘banco bueno’ y ‘banco malo’, vender el banco bueno y con eso minimizar las pérdidas de la operación del banco malo”, dijo Corrales
“En Costa Rica la legislación es muy lenta y el problema es que entonces ‘banco malo’ va contagiando los activos buenos y eso hace que entonces las pérdidas sean mucho mayores, tanto que los activos ya no valen lo que valían antes”, agregó el economista.
Lo que vería la Justicia
La intervención de Bancrédito incluyó, en 2018, una denuncia ante la Fiscalía sobre aparentes irregularidades halladas.
El caso también pasó por el tamiz político y en julio del 2020 la Contraloría General de la República también denunció, tras una queja del exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta.
En los últimos 2 años la investigación se mantuvo activa. Esta incluyó, en marzo del 2021, una primera ronda de allanamientos en instituciones públicas y casas particulares en busca de evidencia.
Para diciembre de ese año, se dio la indagatoria contra el expresidente Solís.
A inicios de julio, por su parte, el proceso se condensó en una acusación ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública; por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
La Fiscalía confirmó que en su acusación se señala a:
- El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís
- El ex vicepresidente de la República y exministro de Hacienda Helio Fallas
- El exministro de la Presidencia y exembajador Sergio Alfaro
- La extesorera Martha Cubillo
- El subtesorero Mauricio Arroyo
Según la acusación, un grupo de jerarcas “convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja; con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Conassif llegara a decretar la intervención del banco; debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada.
Con base en la investigación, la Fiscalía señala que la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública; así como al interés público.
El PAC defiende su actuación
Mientras el caso llega a avanzar en la vía judicial, cabe destacar que el PAC y sus representantes siguen defendiendo la actuación que tuvieron con Bancrédito.
“Ante un descalce de plazos que generaba un problema de iliquidez del Bancrédito, el entonces presidente de la República y otras autoridades del ámbito económico buscaron la manera de minimizar pérdidas”, manifestó días atrás el grupo en comunicado.
El fundador del PAC, Ottón Solís, si bien fustigó algunas decisiones del Gobierno de Luis Guillermo Solís por lo técnico, sostiene que no hubo problemas de legalidad.
“Don Luis Guillermo tomó decisiones, en mi opinión, equivocadas en relación con Bancrédito, pero una decisión equivocada no constituye un delito. En mi opinión, Óscar Arias tomó una decisión equivocada en relación con el TLC, pero eso no significa que incurriera en un delito”, dijo consultado por este medio.
Los propios acusados del caso también se sacudieron de cuestionamientos.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país; así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”, sostuvo el expresidente.
“Asumo esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no cometió delito. Estaremos presentándonos a los tribunales de justicia a hacer la defensa técnica correspondiente”, acotó el exministro Sergio Alfaro.
