Tomás Gómez
Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional ha resultado más eficaz para obtener una cita para la prueba práctica de manejo que cumplir con el largo proceso establecido por la Dirección General de Educación Vial.
Así se resume la situación de decenas de personas que tuvieron que judicializar su caso ante los problemas para obtener un cupo en un plazo razonable.
El archivo de la Sala IV evidencia cómo el proceso de las pruebas prácticas de manejo se ve afectado por la alta demanda del servicio, llegando al extremo de que el alto tribunal ha tenido que intervenir debido a que se han visto comprometidos el acceso a los servicios públicos y hasta el derecho al trabajo de los ciudadanos.
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Una revisión jurisprudencial hecha por el El Observador halló un incremento en las quejas sobre el servicio para realizar pruebas.
El año pasado hubo un despunte y con ello las sentencias favorables a las personas que hicieron un reclamo por los extensos plazos de espera.
El sistema Nexus, que reúne la jurisprudencia, acumuló durante el 2022 alrededor de 200 procesos asociados al tema. Para este 2023, aparecen 68 casos ganados por los reclamantes. A ellos se suman dos recursos donde también se reclamó por la espera del examen teórico.
Regaños y tiempos cortos
Las sentencias de la Sala IV asociadas a las pruebas prácticas de manejo se caracterizan por la mención de dos elementos:
El primero consiste en la drástica reducción del plazo de espera. En la actualidad, las citas para las pruebas prácticas de manejo pueden demorar hasta 11 meses, pero las resoluciones judiciales han recortado radicalmente este plazo.
Inicialmente, se obligaba a dar espacios en un plazo de 15 días, mientras que en la actualidad, la mayoría de las sentencias exigen que se atienda a los usuarios en menos de un mes.
El segundo factor es el reproche judicial, que exige mejorar el sistema de reservas. En repetidas ocasiones, las sentencias judiciales han exigido que “en la próxima habilitación de citas de pruebas prácticas para la licencia, se garantice el funcionamiento eficaz y eficiente de los medios previstos para el otorgamiento de estas”.
Los derechos en jaque
Al interponer los recursos, los ciudadanos han expuesto las más diversas afectaciones por los atrasos en sus pruebas de manejo. La lista abarca desde la mera desproporcionalidad en el tiempo de espera hasta la pérdida de oportunidades laborales, problemas para movilizarse con hijos con condiciones de discapacidad o trabas para ir a la universidad en horarios nocturnos.
Para emitir las resoluciones, los magistrados se centran en que el atraso en las pruebas de manejo tienen el potencial de afectar varios derechos.
Uno de ellos es el derecho al trabajo. Su precedente se presenta en la sentencia 2022-14214 del 24 de junio del 2022, cuando una persona reclamaba que necesitaba la licencia para optar por un puesto en la Municipalidad de Moravia, lo cual se veía frenado por el atraso en prueba.
De manera reiterada, ese hito aparece citado en las sentencias.
Otro argumento recurrente es el tema del acceso a los servicios públicos. Citando preceptos aún más anteriores, se ratifica que el permiso de conducción es un trámite público del que dependen más derechos.
"Se trata de una conducta administrativa que guarda especial relevancia en el control público de seguridad vial, pero además, es un título habilitante que se asocia de manera directa con el ejercicio de actividades de la más diversa índole y que por ende, impacta de manera innegable en la esfera jurídica de las personas", dice la jurisprudencia constantemente citadas este año.
Las excusas de Seguridad Vial
El Observador ha publicado en los últimos días el complejo escenario que espera a quienes deben realizar las pruebas prácticas manejo.
La última liberación de espacios fue en abril y agendó citas para marzo del 2024, es decir, 11 meses de espera.
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Gary Jiménez, asesor de Educación Vial, alegó que hay variadas causas para el atraso. Estos incluyen haber bajado de 80 a 70 la nota de aprobación del examen teórico, así como un una merma en la cantidad de evaluadores.
La cantidad pasó de 40 en el 2017 a 32 este año. De ese saldo, 2 están a punto de pensionarse y entre los 30 restantes deben atender las 13 sedes de evaluación en el país.
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