Juan Pablo Arias
Las alertas están encendidas desde noviembre de 2021. En aquella fecha la Contraloría General de la República emitió el informe de auditoría DFOE-CIU-IF-00005-2021, en el que advirtió a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre una serie de debilidades e irregularidades en los procesos de gestión de citas para pruebas de manejo.
Entre los múltiples hallazgos, el ente contralor determinó que los servicios asociados a los procesos de matrícula de pruebas teóricas y prácticas se gestionaban de manera desarticulada y poco proactiva, situación que conlleva a que la oferta de citas sea considerablemente inferior a la demanda.
Pese a que representa un problema de grandes dimensiones, la auditoría reveló que la gestión de los espacios carece de análisis técnicos.
“No se evidencian estudios u otros esfuerzos por determinar posibles soluciones a dicha problemática. (…) En 2019, la División de Transportes del MOPT realizó un diagnóstico al respecto, pero no se evidencian mayores cambios a raíz de dicho diagnóstico, ni otras iniciativas de estudio o mejora concretas realizadas por los actores que tienen participación directa en el proceso”, indica el informe de Auditoría.
A manera de ejemplo, el documento revela que en la habilitación de citas para prueba teórica realizada el 29 de julio de 2021, que correspondió a citas para los meses de agosto a setiembre, solo se habilitaron 45.295 cupos, mientras había un total de 141.429 recibos activos; es decir, que los cupos habilitados correspondieron a solo un 32% de los cupos demandados.
Así las cosas, por cada cupo habilitado hubo aproximadamente tres personas con recibo pago para optar por una cita en ese momento.
En lo que respecta al examen práctico, en agosto de 2021 ya se registraban plazos de espera de hasta 10 meses entre el día de matrícula y la fecha de la prueba. Casi dos años después esto no ha cambiado, pues las citas habilitadas el pasado 27 de abril de 2023 eran para espacios en marzo de 2024.
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La auditoría de 2021 también halló que los cupos cancelados por los usuarios no volvían a ponerse a disposición del público a través del portal web, sino que eran asignados de forma discrecional a otras personas directamente por parte de la Dirección General de Educación Vial.
Sin vocación de servicio público
En el informe DFOE-CIU-IF-00005-2021 la Contraloría resaltó que la Dirección General de Educación Vial carece de mecanismos para la evaluación de los servicios que permitan, entre otros aspectos, conocer la percepción del usuario, formular y determinar la viabilidad de implementar cambios orientados a la mejora continua .
“No se ha tenido una visión integral de las problemáticas identificadas, orientada a una vocación de servicio público y de calidad para el usuarios; en vista de que los actores del MOPT y Cosevi que participan en los procesos relacionados con los servicios de matrícula para prueba teórica y prueba práctica carecen de un marco de gobierno y gestión que incorpore un enfoque estratégico, integrado y con visión de futuro, con el cual se definan y articulen las actividades necesarias para el mantenimiento y supervisión de los procesos, así como para la identificación y construcción de soluciones integrales y efectivas, con base en la realidad de los recursos disponibles y la demanda de servicios requerida”, indica el documento.
El resultado, según la auditoría, es “una dilución poco clara de las responsabilidades”, lo cual redunda en una atención escasa y poco efectiva.
Falta de controles
En la auditoría de 2021, la Contraloría logró identificar que los mecanismos de registro y autenticación de usuarios con los que contaba el Cosevi en aquella fecha no aseguraban que cada persona se identificara de forma única, pues permitía que dos o más usuarios tuvieran registrada una misma cuenta de correo electrónico.
En ese momento se identificó a un usuario que logró matricular 493 citas para prueba práctica, de las cuales posteriormente canceló 393.
Asimismo, el documento reveló debilidades en la documentación interna que regula el proceso de acreditación de conductores y los sistemas de información involucrados, lo cual aumentaba el riesgo de errores y la dependencia de funcionarios específicos.
La Contraloría resaltó en el informe que la expedición de licencias de conducir es un servicio público relevante para los usuarios, dado que les permite contar con un permiso oficial para conducir un vehículo dentro del territorio nacional y constituye en muchos casos un requisito laboral.
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