Tomás Gómez
El exdiputado Víctor Hugo Víquez enfrentará 2 años y ocho meses de cárcel tras se hallado culpable del delito de tráfico de influencias.
De manera adicional, se le prohibió ocupar cargos públicos por 3 años. Además, deberá pagar ₡2 millones por daño social.
Eso sí, se le asignó el beneficio de ejecución condicional, por lo deberá pasar 3 años sin cometer delitos.
Aunque la pena tradicional para el delito de tráfico de Influencias es de dos años, en el caso de Víquez se agravó por haber cometido el ilícito siendo diputado.
Según la ley, si la falta de comete como miembro de los Supremos Poderes, la sanción se incrementa en un tercio, lo que sumó los 8 meses de sanción.
La sentencia se conoció este martes por la mañana en el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública, localizado en el II Circuito Judicial, de Goicoechea.
Ahí se llevó a cabo el proceso que arrancó dos semanas atrás y que tuvo unos días de pausa luego de que un problema de salud de la defensora pública del político, Daniela Salas, obligara a hacer una reprogramación.
En la acusación contra Víquez, la Fiscal Greysa Barrientos había pedido 4 años de cárcel y 5 años de inhabilitacion; además la Procuraduría, representada por Paola Madriz, demandaba un cobro de ₡2 millones.
Los hechos bajo la lupa
Víctor Hugo Víquez fue electo diputado por Liberación Nacional, en representación de Heredia, para el periodo 2010-2014.
Durante esa época, envió un mensaje a la expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, dónde se exponía una queja del importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.
Los hechos se relacionaban a la construcción de obras de prevención en el cantón de Mora.
Rosales definió esa comunicación como una presión indebida y el caso se elevó judicialmente, como una investigación por supuesto tráfico de influencias.
Ante los mensajes, Rosales optó por superarse de la contratación y ello derivó en uno de los principales debates del juicio.
La Fiscalía insistía en que esa actitud de la funcionaria, quien no intervino en la contratación, se debía a las presiones y por tanto, se configuraría el delito.
La defensa de Víquez, por su lado, mantenía que dicho delito requería de obtener una ventaja que no llegó a darse.
Incluso durante los alegatos finales expusieron que lo que hicieron fue trasladar una denuncia de supuestas irregularidades señaladas por Bolaños.
En un primer juicio realizado por los mismos hechos, el político fue absuelto, sin embargo una apelación obligó a realizar este segundo debate.
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