Mariana Mena
La Contraloría General de la República (CGR) realizó un informe de auditoría sobre la capacidad de gestión financiera del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Entre los hallazgos del estudio destacan debilidades que repercuten en la administración de los recursos y, consecuentemente, en la prestación de los servicios.
“Si bien los recursos disponibles para ejecutar han incrementado, el porcentaje de cumplimiento promedio de metas estratégicas del 2019-2022 es del 69%”, señaló Jessica Víquez, del Área de Fiscalización.
“Igualmente esto lo que refleja son debilidades vinculadas con el modelo de gestión utilizado”, mencionó.
Asimismo, el 56,1% del superávit acumulado al 2022 proviene de recursos obtenidos previo a la aplicación de la regla fiscal.
Por lo que las autoridades consideran que refleja debilidades en el direccionamiento de los recursos hacia el cumplimiento de los fines públicos y la atención de las necesidades.
También existen otras debilidades relacionadas con:
- La implementación de normas de contabilidad
- Revelación de información financiera vinculada a los recursos que son asignados al sistema de Banca para el Desarrollo
- Implementación de sistema financiero para el registro y control de transacciones que se encuentra en proceso de implementación desde el 2016
“Se realizó una inversión de ¢1.817,6 millones en un proyecto de mantenimiento del sistema financiero para el registro y control de transacciones que, a la fecha, se encuentra pendiente el desarrollo de módulos relevantes para la gestión”, indicó el estudio.
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Fondo de Educación
Aunado a lo anterior, desde el 2021 se han presupuestado recursos para el Fondo Especial para la Educación y Formación Técnica Profesional Dual, pero hasta el 2022 se inició la ejecución.
“Sin embargo, para ese año, se ejecutó unicamente el 5% de los recursos disponibles y la cantidad de becas otorgadas represento un 9,5% de lo previsto”, agregó Víquez.
“De igual forma, la situación demuestra que los recursos no son utilizados con el fin inicial presupuestado”, manifestó la Contraloría.
Además, los recursos no ejecutados, para el año anterior fue de ¢1.300 millones y se incorporaron al presupuesto del INA ya que el fondo se liquida de forma anual y no se acumulan los recursos.
