Paula Ruiz
La Contraloría General de la República señaló que la carencia de coordinación interinstitucional para la entrega de alimentos entre marzo y junio en el marco de la pandemia, pudo interferir en que las ayudas llegaran a los más necesitados.
El ente contralor llegó a dicha conclusión tras analizar el proceso de entrega de víveres en 15 cantones, por medio de la participación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), los comités municipales de emergencia (CME), el Ministerio de Educación (MEP) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La Contraloría concluyó que hubo una falta de estrategia integral, pues cada actor definió sus criterios de entrega.
“Algunas acciones fueron ejecutadas sin una priorización coordinada o con diversos criterios en la distribución de paquetes de alimentos”, señaló la institución tras el análisis.
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“Es importante retomar los conceptos de solidaridad y equidad, de manera que la población más vulnerable reciba los beneficios que el Estado pueda brindar, ya que la carencia de coordinación interinstitucional , divide los esfuerzos y dificulta el otorgamiento de ayudas a quienes más lo necesitan, dado que cada una de las partes busca cumplir sus propios objetivos”, agregó.
Las disparidades sobre requisitos estipulados por los Comités Municipales de Emergencia reflejan que por ejemplo en Grecia establecieron 14 puntos, mientras en Turrialba, Desamparados y Matina solo 3.
Algunos comités tuvieron como requisitos los ingresos familiares, ser parte de poblaciones de inmigrantes indocumentados, ausencia de seguro social o laborar de manera informal; otros comités basaron la selección con base en lo definido por la CNE.
Con respecto del MEP e IMAS, también definieron las entregas en centros educativos y Cecudis, respectivamente, mediante protocolos y guía orientadora para estipular beneficiarios.
“Es decir, en el desarrollo de los elementos concernientes al componente ejecución, se denotan esfuerzos aislados y la carencia de interacción entre las organizaciones participantes de la entrega de víveres, para definir y analizar información y rutinas. Dichas acciones presentan un riesgo, pues existe la posibilidad de que en un cantón se excluyan personas que en otro cantón si están siendo atendidas o por el contrario estar beneficiando personas con criterios mínimos”, indicó el análisis.
Debido a lo anterior, el ente contralor planteó la necesidad de articular los esfuerzos de instituciones del Estado, con el fin de maximizar el uso de recursos públicos.
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