Tomás Gómez
Paula Ruiz
Los plazos al límite fueron uno de los aspectos que marcaron la discusión a reforma legal para sacar a Costa Rica de la Lista Gris de países no cooperantes de la Unión Europea… y al parecer así seguirá.
Aunque este jueves el Poder Ejecutivo anunció el “veto parcial” de la iniciativa, sobre todo por los alcances del Artículo 1, esta figura no existe como tal.
Lo que ocurrirá ahora es que el texto se devuelve a la Asamblea Legislativa y ahí empieza una jornada maratónica con miras a culminar las enmiendas a inicios de octubre.
En primer lugar, el lunes corresponderá leer el veto en el Plenario legislativo. De ahí, se hace un reenvío a la Comisión Especial que analizó la propuesta y esta tendrá un mes para pronunciarse.
Al respecto hay dos posibilidades:
- Resello: se rechazan las observaciones de la Presidencia y se propone un solo debate donde el proyecto deberá tener una tercera votación. Esta debe sumar un mínimo de 38 votos para anular la disposición del Gobierno.
- Enmienda: en este caso se modifica el texto y se incorporan las inquietudes de Zapote. Si se da este escenario, el proyecto tiene que pasar por dos votaciones más en el Plenario.
En todo caso, el plazo de un mes es el máximo pero la Comisión puede resolver antes de tiempo.
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Ahí también hay dos posibilidades:
- Puede salir un dictamen unánime, donde todos los integrantes de la comisión se inclinan por el resello o la enmienda.
- O puede dividirse el criterio. En ese caso, el Plenario votaría por la opción que más apoyo tuvo en la Comisión.
Más allá del plazo con que se pronuncie la Asamblea, hay también un cronograma de revisiones que hace la UE y que también genera interrogantes.
Las sesiones de auditoría arrancarán el viernes y el Congreso corría para salir a tiempo. Ahora, con el nuevo escenario, hay expectativa sobre si habría un plazo de gracia para cumplir con las observaciones.
Expectativa y duda
Daniela Rojas (PUSC) y Paulina Ramírez (PLN), son respectivamente la Presidenta y la Secretaria de la Comisión Especial de Lista Gris.
Tras reprochar directamente la decisión del Gobierno, ambas muestran posiciones de duda sobre si el tiempo alcanzará para el trámite que se viene.
“Los tiempos todavía es posible que nos den, el día de mañana hay una primera reunión del comité de la UE donde yo esperaría que puedan empezar a revisar el texto con los demás artículos, sin en Artículo 1 que es el que está vetado en este momento y que en la reunión que hay en el mes de octubre ya podamos enviarle a la Unión Europea una decisión con respecto a este Artículo 1”, detalló Rojas.
“Yo lamento porque estamos a un poco de espacio de tiempo, lo cual tenemos que estar antes del 3 de octubre según lo que informa el señor ministro pero sin embargo la revisión es el día de mañana en donde teníamos plazo”, apuntó Ramírez.
Ambas coincidieron, eso sí, en los riesgos que asume el país a la espera de una decisión final, postergada por el veto.
“Esto es realmente irresponsable y además muy lamentable porque las consecuencias y el impacto que puede traer para nuestro país el seguir manteniéndonos en una lista negra cómo un país no cooperante, cómo un paraíso fiscal traería impactos en la inversión extranjera que a su vez traen encadenamientos, generación de empleo y otros, cooperación internacional también y la imagen país”, afirmó la liberacionista.
“El Poder Ejecutivo tomó una decisión que pone en riesgo la imagen internacional de Costa Rica y que nos puede generar muchísimos problemas”, sumó la rojiazul.
Análisis y dudas
Desde el ala de Nueva República advierten que la decisión del Poder Ejecutivo se veía venir.
“Esperábamos que se diera por la posición que asumió la fracción de Gobierno y el Frente Amplio en esta discusión, nosotros ya hemos sido bastante amplios en la explicación de por qué asumimos la posición de votar a favor”, señaló el líder del grupo, Fabricio Alvarado.
Agregó que sus diputados analizarán el tema el fin de semana, pero coincidió en el riesgo que implica seguir en la lista.
“Creemos que es una decisión errónea si es el veto tiene relación específicamente con lo que se ha discutido tanto y que para nosotros genera un clima negativo hacia el sector empresarial, un clima que podría mandar señales erróneas, sobre todo a quienes puedan estar pensando en invertir y reinvertir en el país”, continuó.
“El presidente Chaves ha cometido un grave error”, apuntó por su lado el liberal Eliécer Feinzaig.
Él indicó además que el mismo veto le da la razón al texto aprobado por el Congreso.
“El propio presidente reconoce en el documento del veto que resuelve lo que solicita”, analizó.
Coincidencia con el Frente Amplio
De forma excepcional, el Frente Amplio coincidió con el Gobierno con este tema. Incluso, eso les valió elogios este jueves por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El mandatario expuso la tarde de este jueves que pese a las diferencias públicas, en esta ocasión en el Frente Amplio están del lado correcto de la historia.
Jonathan Acuña, diputado frenteamplista, también apuntó a esta casualidad.
“Coincidimos con la fracción de Gobierno de votar en contra de este proyecto”, aseguró.
Él defendió que desde el inicio de la discusión, su bancada denunció que una amplia mayoría de diputados, estaba utilizando esta iniciativa “como un caballo de troya para quitarle impuestos a un conjunto muy pequeño de grandes empresas en Costa Rica”.
Según Acuña, actualmente estas compañías pagan impuestos cuando tienen rentas fuera del país por estar vinculadas a actividades en Costa Rica.
“Hoy tienen que pagar esos impuestos y un grupo de diputados utilizó el proyecto como un mecanismo para quitarles esos impuestos y eso nos parece injusto con el país e inadecuado”, puntualizó.
El congresista advirtió que continuarán insistiendo con que la decisión tomada por el resto es inadecuada, dado que dichas empresas tienen la capacidad económica para hacer el pago de dicho tributo.
Anuncio tras días de expectativa
La reforma para intentar salir de la Lista Gris se votó la semana pasada pero desde entonces el mandatario Rodrigo Chaves mostró las reservas que tenía sobre esa versión.
Para este jueves se convocó a conferencia para abordar la posición oficialmente y ahí fue donde se anunció el veto parcial.
“No era necesario meter ese artículo…un grupo de legisladores insistieron en meterlo”, argumentó el mandatario, para justificar su decisión.
Chaves cuestionó fuertemente que los diputados incluyeran el artículo que ahora veta, para beneficiar a las empresas, en momentos en los que el país mantiene un acuerdo con el Fondo Monetario, y que no puede aumentar salarios a los trabajadores públicos, recordó.
“Lo más cínico es que los diputados le hicieron a Costa Rica lo que la Unión Europea le está pidiendo impedir a sus empresas y ciudadanos”, resaltó.
Para Chaves, la ley sí permite la salida del país de esa lista, que calificó como “vergonzosa”, pero critica que hayan combinado ese objetivo con beneficios fiscales.
Insistió en que los diputados deberán explicar la razón por la que apoyaron la incorporación de ese artículo.
Lo aprobado
Sacar al país de la lista gris pasó por la decisión desde la comisión especial de definir la ruta excluyendo cierta renta pasiva del impuesto.
Esto requiere considerar varios factores que solicitan las autoridades europeas, los cuales son:
- Implementar requerimientos de sustancia adecuados para las entidades de acuerdo con el Código de Conducta de la UE
- Implementar normas anti-abusivas robustas
- Remover cualquier discreción administrativa en la determinación de la renta a ser excluida del gravamen
El primer punto, que se refiere a “sustancia” hace referencia es a las cualidades y requisitos que necesita tener una sociedad o empresa para que se considere real.
Esos requisitos son: empleo de recursos humanos, inversión e instalaciones en territorio nacional; contar con dirección estratégica, toma de decisiones y asumir riesgos e incurrir en gastos y costos en el territorio nacional.
La ley aprobada dice:
“Se considerará que existe una adecuada sustancia económica para aquellas rentas que cumplan con las siguientes condiciones simultáneamente:
a) Emplea recursos humanos y activos necesarios para la administración de las rentas gravadas.
b) Toma las decisiones estratégicas necesarias, y soporta los riesgos relacionados con las rentas gravadas en territorio nacional.
c) Incurre en gastos y costos con relación a la adquisición, tenencias o enajenación de las rentas gravadas según sea el caso”.
Los requisitos de sustancia se fortalecieron a través de mociones 137.
Respecto a las normas anti-abusivas, Costa Rica las tiene en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en los artículos 8 y 12, explicó la diputada Ramírez.
Esas normas se incluyeron en el proyecto de ley, porque así lo pidió la Unión Europea.
Por último, removieron cualquier discreción administrativa, que elimina la posibilidad de actuar de una manera para un caso y de otra para otro. Al incluirse, se establece como ley.
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