Mariana Mena
La Defensoría de los Habitantes informó que abrirá una investigación en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por el estado de los puentes en Costa Rica.
“La red vial es uno de los activos más importantes, su desarrollo o eventual colapso, tiene efectos directos sobre los bienes y servicios públicos, oportunidades de un bienestar económico, la seguridad y vida de sus habitantes”, resaltó la defensora, Angie Cruickshank.
Según destaca la institución, el Estado está en la obligación del desarrollo de nueva infraestructura y adoptar las medidas de inversión en el mantenimiento, conservación y buena condición de la existente.
Asimismo, indica que están haciendo eco del llamado del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que advierte sobre la necesidad del desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura vial y el progresivo deterioro de la infraestructura existente.
“Por ese motivo de dio la apertura de una investigación en la que, desde la perspectiva de Derechos Humanos, realizará un análisis del sistema de gestión de Puentes del Conavi, para lo que se ha solicitado el inventario completo y la base de datos actualizada sobre la condición y/o estado de todos los puentes vehiculares y los puentes peatonales de la Red Vial Nacional”, comentó Cruickshank.
Además, durante la investigación se van abordar temas como:
- Los criterios de priorización en la formulación presupuestaria para la planificación y programación de conservación, rehabilitación y sustitución de puentes de la Red Vial Nacional.
- Proyectos que serán cubiertos con los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto 700 millones de dólares, entre los que se detallan 135 puentes.
“La Defensoría continuará con otras investigaciones, en las que se abordará el tema sobre la “gobernanza de infraestructuras”, como lo ha dado a llamar la OCDE, abordando otros temas como la infraestructura vial cantonal y la infraestructura educativa”, indicó la defensora.
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Recursos con nueva ley
También, la Asamblea Legislativa aprobó el 22 de febrero en segundo debate el proyecto de ley que otorga los $700 millones del BCIE para la atención de infraestructura dañada por los desastres naturales. Recientemente se avanzó con el presupuesto y el Gobierno inició la primera obra oficial de este plan en Desamparados, San José.
Los fondos se utilizarán en la reconstrucción de 503 proyectos de infraestructura vial, educativa, viviendas, carreteras y ferrovías que cuenten con riesgos ante desastres naturales.
El proyecto llegó al Plenario con importantes variaciones respecto al texto original presentado por el Poder Ejecutivo.
Entre los cambios que se le hicieron a la iniciativa están:
- Modificación del artículo 5 “para que los recursos del contrato de préstamo se incorporen mediante presupuesto extraordinario, y serán transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias”.
- También se modificó el artículo 8 para excluir de la regla fiscal los recursos del contrato de préstamo, los fondos para relocalización de servicios públicos y la contrapartida contenida en el artículo 3.
- Se varió el artículo 12 para que la autorización de tala de árboles y limpieza de
terrenos sea imprescindible contar con planes de compensación correspondientes que mitiguen los efectos de la tala o la tala rasa. - -e incorporó un nuevo artículo para que la Auditoría de la Comisión Nacional de
Emergencias rinda informes semestrales que evalúen aspectos como planificación, desempeño de las firmas de implementación, ejecución de los recursos, avances físicos y financieros de los proyectos, entre otros. - Se autoriza a las demás instituciones públicas a realizar aportes, donaciones, transferencias a la CNE para la ejecución de los proyectos.
- La Tesorería Nacional tendrá la obligación de abrir sub-cuentas para cada firma implementadora del proyecto.
- Obligación a que las obras por desarrollarse deban presentarse a partir de la fase de inversión ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación.
Mientras que la CNE deberá enviar reportes periódicos al Ministerio de Planificación, entidad que fiscalizará el avance de las obras.
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