Redacción El Observador
El Juzgado Penal de Desamparados acogió el pedido del Ministerio Público y ordenó medida de prisión preventiva para Mauricio Víquez por seis meses.
El exsacerdote, extraditado este jueves desde México, estará en la cárcel mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.
Víquez enfrenta la causa penal 18-000854-0994-PE, en la que se le investiga como sospechoso de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de cuatro víctimas, quienes para el momento de los hechos eran menores de edad.
El peligro de una nueva fuga hacía imposible que los jueces lo dejaran enfrentar el proceso en libertad.
Por eso se le aplicó, tal y como lo pidió la Fiscalía, los seis meses de preventiva.
“Uno de los argumentos que expuso la Fiscalía y que fue avalado por el Juzgado para ordenar la prisión preventiva, fue el hecho de que ninguna de las denuncias que se investiga se encuentra prescrita”, dijo el Ministerio Público.
Al fin en su país
Las primeras quejas contra Víquez datan del 2003, pero el proceso ante la Iglesia católica no escaló a denuncias.
Los “hechos irregulares” alegados entonces se convirtieron en denuncias hasta 15 años, inicialmente en la instancia eclesiástica.
Ese fue el detonante para una ola de alegatos contra el sacerdote, a quien la Iglesia tenía destacado como vocero para temas de familia.
Sólo una de las denuncias canónicas llegó a la vía judicial. Se trata de una aparente violación, por la que Víquez se dio a la fuga hasta ocho meses; al procurar el vencimiento de una pesquisa abierta el 2 de octubre de 2019.
Cuando Facebook delató al sacerdote
En julio del 2018 la Iglesia determinó la separación del sacerdote Víquez. La expulsión definitiva llegó en el 2019 por recomendación de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El proceso se fue haciendo en ausencia de Víquez, que quedó con paradero desaparecido. Esa ausencia también le costó su puesto de profesor de bibliotecología en la Universidad de Costa Rica, luego de no presentarse dar clases por más de tres meses.
Un seguimiento policial posterior determinó que Víquez salió del país, vía Panamá, el 7 de enero del 2019. En ese momento, el Tribunal Canónico le notificó del proceso de investigación judicial, llevado en el expediente 854-0994-PE de la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género.
Para entonces, quedaban menos de 9 meses para que prescribiera la única actuación delictiva por la que podía ser condenado. En razón de lo anterior, el Juzgado Penal de Desamparados (a cargo del caso) emitió una orden de captura internacional el 19 de febrero de 2019.
No obstante, no sería hasta el 11 de abril de 2019 que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) obtendría información clave para conocer el paradero del exsacerdote. Para esa oportunidad, un reporte confidencial dio cuenta de redes sociales utilizadas por Víquez.
En ellas, el sacerdote publicó información como su segundo nombre, edad, atestados académicos y un comentario sobre la muerte de un familiar. Todo ello fue clave para descifrar su identidad.
Toda la investigación llevó hacia un sitio que el mismo denominaba “La Guarida”. Se trataba de un recinto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Monterrey, estado de Nueva León, al norte de México.
En ese sitio fue capturado la madrugada del 18 de agosto del 2019 en un por agentes de la Policía Federal de México.
Víquez quedó detenido a partir de entonces, y desde este jueves ya enfrenta a la justicia costarricense.
