Hermes Solano
Un empresario de apellido Rothe, vinculado a la firma CESA que fue sancionada por el BID también es investigado en la Fiscalía Anticorrupción por el tema de las tobilleras electrónicas.
Grupo Cesa actualmente cumple una sanción de 10 años de inhabilitación para participar de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas prohibidas de corrupción y colusión.
Así lo dio a conocer la Oficina de Integridad Institucional (OII) de esa organización. A Cesa lo sancionaron por un proyecto desarrollado en Guatemala.
Grupo Cesa en Costa Rica es compañía que fue la proveedora de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), que ganó la licitación del Ministerio de Justicia y Paz para las tobilleras de los privados de libertad.
En el 2018 la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias para la obtención de los contratos, donde figura, según los documentos del Poder Judicial un empresario Rothe que es el gerente de esta empresa.
En la causa aparecen además, Allan Benavides, así como al exmagistrado Celso Gamboa, el exdiputado Víctor Hugo Víquez.
Actualmente el proceso continúa en investigación, según confirmó este lunes el Ministerio Público a El Observador.
“La Fiscalía Anticorrupción informó que la causa de su interés continúa en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. Esta fase es privada, por lo que no es posible dar más detalles, en apego 295 del Código Procesal Penal”, indicó.
El Observador, al igual que lo hizo el pasado viernes, intentó conversar este lunes con los personeros de la empresa; sin embargo, no obtuvo respuesta.
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El caso
Tras recibir varias denuncias, la Fiscalía comenzó la investigación y luego de un allanamiento a la casa del exdiputado Víquez, en 2017, se analizaron conversaciones por whatsapp entre los imputados por este caso.
Así lo consigna el informe 026-SADEF-CI-2020 de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros del OIJ y al cual El Observador tuvo acceso.
“Después de analizar cada una de las conversaciones que se llevaron a cabo por medio de la aplicación WhatsApp, cada uno de los imputados de este informe, se logró determinar que efectivamente existía una red como lo mencionó uno de los informantes, esta red de índole criminal”, indica el informe.
Según la investigación, tanto el exdiputado como el exmagistrado Gamboa habrían recibido y realizado favores a Grupo Cesa y la ESPH para obtener la licitación.
La investigación del OIJ recoge intercambios de mensajes entre julio del 2015 y diciembre del 2017, período en el cual se buscaba la contratación de las tobilleras.
El plan original del Ministerio de Justicia era tramitarlas mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pero luego se hizo mediante presupuesto nacional.
Tras no tomar las ofertas iniciales, en la segunda vía se buscó una contratación directa con un ente estatal lo que aligeró el proceso. A la competencia se presentaron la ESPH y Racsa, siendo el rol de la primera el que llama la atención a las autoridades judiciales.
El Ministerio estaba entonces al mando de Cecilia Sánchez, madre del exmagistrado Gamboa, y se analiza cómo se intentó contactarla.
Para ello, según la investigación, el exdiputado Víquez habría servido de puente teniendo en Gamboa un respaldo para generar los espacios.
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ESPH cambió proveedor
Consultado este lunes, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia indicó que desde 2019 y a solicitud del Ministerio de Justicia cambió de proveedor de tobilleras, es decir, con otra empresa distinta a Grupo Cesa.
“La Empresa de Servicios Públicos de Heredia trabaja con las de tobilleras electrónicas de Buddi, la cual nos permitió mejorar el sistema de monitoreo de personas en conflicto con la Ley”, indicó a través de su departamento de prensa.
“El cambio se realizó después de la solicitud de mejora solicitada por el Ministerio de Justicia y Paz en diciembre del 2019”, añadió.
La controversia entre el Ministerio y Grupo Cesa se dio porque desde el gobierno consideraban la tecnología de las tobilleras obsoleta y que por eso había problemas de monitoreo.
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“No es de recibo de la señora Ministra (en ese momento Marcia González) diga que nuestra tecnología, que hoy en día funciona en los centros de monitoreo, es obsoleta”, señaló en octubre de 2019 el director ejecutivo de Grupo CESA, Juan David Rothe.
Desde la cartera de Justicia aseguraron que el contrato que existe es exclusivamente con la ESPH.
Se les consultó sobre las mejores que se le pidieron a la empresa, que los llevó a cambiar al proveedor en 2019; sin embargo, al cierre de esta nota indicaron que estaban revisando los documentos para dar una respuesta.
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