Tomás Gómez
“El Comité de Normas no consideró las acciones que sobre empleo y empleabilidad que está adoptando la actual Administración de Gobierno y toma como base información del período 2019-2021”.
Ese es uno de los puntos de partida con que Costa Rica comparece este martes ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Un total de 24 países fueron convocados al foro donde se analizan eventuales violaciones a los derechos laborales.
Para el caso tico, en específico, las dudas versan sobre las políticas públicas de empleo. No obstante, la representación gubernamental insiste en que las cosas han cambiado.
Como tal, el descargo del país ante la OIT expone los planes del país para temas de empleabilidad y talento humano, desde la óptica de entes como el Ministerio de Trabajo (MTSS) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
“Tales esfuerzos se han traducido no solo en programas tangibles y reformas normativas, que cambiaron la forma de llevar a cabo la intermediación laboral, sino que han fortalecido el nexo que debe existir entre las necesidades del mercado laboral y la oferta programática institucional”, adelantó el MTSS.
“El país se encuentra en la fase final de la formulación de la Estrategia Nacional de Empleo y Talento Humano, misma que planteará, agrupará y articulará los servicios de empleo disponibles, generará indicadores o metas de empleo, pero también llevará a cabo acciones profundas; todo esto como la antesala de lo que debe ser la política nacional de empleo de Costa Rica”, sumó.
¿Por qué llegó Costa Rica al banquillo?
A mediados de mayo, El Observador informó sobre la posibilidad de que el caso de Costa Rica escalara en la OIT.
El país estaba en una pre-lista de revisión por casos acumulados en los últimos años y de ellos, 24 tendrían audiencia.
Según las revisiones previas que ya había hecho la Organización se tiene el ojo sobre 6 ejes específicos, basados en el Convenio 122 sobre temas de políticas de empleo:
- Educación técnica: se pide seguimiento a la aplicación de la Ley de Educación Dual. Esta abarca estadísticas sobre la población impactada y la construcción del modelo.
- Participación en mercado laboral: se pide seguimiento a indicadores de empleo, desempleo y subempleo. Incluyen detallar los datos se sexo y edad para poder estudiar los patrones.
- Empleo juvenil: se enfatiza en la necesidad de que los jóvenes tengan trabajos “decentes, duraderos y de calidad”. Ahí se analiza el rendimiento de programas como “Empléate”, enfocados en quienes recién arrancan la vida laboral.
- Empleo de Mujeres: hay preocupación pues el sexo sigue siendo un diferenciador en cuanto al acceso al trabajo.
- Personas con discapacidad: se hacen observaciones sobre la necesidad de políticas que garanticen acceso a empleo a esta población (solo el 43% de los adultos trabajan). Asimismo, se profundiza en las líneas para reingreso y permanencia de esta población.
- Microempresas, cooperativas y economía informal: se pone un ojo por el impacto que tienen estos entes en la generación de empleos. Aquí la preocupación se centra en la necesidad de combatir la informalidad en que quedan muchas de estas organizaciones.
Otras observaciones
Todo esto viene acompañado se señalamientos de una problemática que existía antes de la pandemia, pero que el covid vino a agravar. Esto incluye eventuales rebajas salariales y subempleo.
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También se sumaron observaciones a raíz de leyes que aprobó el país en los últimos años, tales como el plan fiscal. De estas se ve el fondo pero también la manera en que fueron concebidas.
“La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se ha consultado a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a los representantes de las partes involucradas con respecto a la concepción, elaboración, aplicación, seguimiento y revisión de las medidas activas del mercado de trabajo adoptadas, incluyendo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dice uno de los apartados de los documentos previos.
El proceso en la OIT
Según las disposiciones previas de la OIT, cada caso individualizado por país será atendido en una audiencia.
De ahí, se generará una propuesta que la Comisión decidirá si acoge o no.
Los analistas de cada caso deberán detallar las medidas que se esperan de los países en caso de que entren en una “lista negra” de violaciones laborales.
Según el principio tripartito de la OIT, debe haber representación del Estado pero también de patronos y trabajadores. La delegación nacional está encabezada por figuras como el Viceministro de Trabajo, Juan Manuel Cordero, UCCAEP por parte del sector privado y sindicatos como Rerum Novarum, que movió en los últimos meses la queja contra Costa Rica.
