Allan Arroyo
“Ya no hay zonas seguras”, alerta el criminólogo y exjefe del Organismo de Investigación Judicial, Gerardo Castaing.
“Me preocupa mucho porque eso va a afectar la industria turística que es la principal del país”, dice por su parte el analista en seguridad, Álvaro Ramos.
Ambos responden de esa manera a las consultas de El Observador sobre las balaceras y ataques armados en lugares públicos. Una tendencia que se intensificó el año pasado y que se mantiene para el periodo que apenas inicia.
Haciendo un repaso reciente, en 2023 hubo ataques con personas fallecidas y heridas afuera del Hospital México o dentro del Tony Facio de Limón. También frente a una escuela en Paraíso de Cartago, en sodas, en una cancha de fútbol de Santo Domingo de Heredia, entre otros lugares concurridos.
Uno de los casos del 2023 ocurrió frente a la escuela de Llanos de Santa Lucía, Cartago, el 29 de setiembre (Archivo/El Observador).
En el registro del 2024, los casos ya se registraron con apenas dos semanas. Por ejemplo, el miércoles sorprendió la balacera contra dos exiliados nicaragüenses heridos en la calle principal de San Pedro de Montes de Oca, cerca de la zona universitaria.
Ataque a exiliados nicaragüenses en vía pública la semana pasada. (Archivo/El Observador)
Y el jueves, sicarios atacaron con una ametralladora un vehículo estacionado en una zona residencial, a escasos 100 metros de la casa del expresidente Óscar Arias y de las embajadas de China y Japón, en Rohrmoser.
Este último episodio Ramos lo califica como “terrorismo criminal”, en un lugar inusual, de clase media alta y considerado como tranquilo.
Los analistas coinciden en llamar la atención sobre el fenómeno de personas que atacan objetivos por encargo, sin prestar atención al contexto que rodea el lugar y aumentando el riesgo de víctimas colaterales que en 2023 se triplicaron.
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Poco por hacer
Ramos enfatiza que estos ataques son difíciles de anticipar por lo que es poco lo que los ciudadanos pueden hacer ante esta ola de balaceras y homicidios que se atribuye al crimen organizado.
“Un tiroteo en una presa o en un residencial es muy difícil evitarlo, prevenirlo”, dice el experto. Para eso se requiere un fuerte trabajo de inteligencia y tecnología de punta como drones y otros elementos de los cuales Costa Rica carece.
El analista agrega que en otros delitos comunes, la población puede colaborar participando en los grupos organizados de las comunidades, pero crimen organizado, el combate y prevención compete a las autoridades.
Sí recomienda a los pobladores denunciar actos sospechosos o irregulares, además de fortalecer la Fuerza Pública, inclusive participando en la reserva.
Castaing, por su parte, enfatiza en el uso de armas pesadas por parte de los delincuentes y el riesgo que eso representa para la seguridad de todos.
“Usan una arma AK 47 que tiene un alcance efectivo de 400 metros y un alcance máximo más o menos de 900 metros, o sea, ya no hay sitio seguro y este es un aviso incluso a la gente que vive en sitios de alta plusvalía”, dice.
“No se está seguro en un condominio (torres de apartamentos)… un proyectil disparado hacia arriba puede perforar una ventana perfectamente y herir o matar a alguien que esté ahí adentro”, describe el experto.
Panorama negativo y pocos cambios
Los analistas, Álvaro Ramos y Gerardo Castaing, coinciden en que el año que apenas inicia mantendría un comportamiento peor, o por lo menos similar, al 2023, que cerró con una cifra récord de asesinatos (907) y con un aumento en la violencia al ejecutarlos.
Ambos también comparten las críticas a la falta de acciones de los políticos (Gobierno y Asamblea Legislativa) para revertir la crisis de inseguridad y tomar medidas que permitan contrarrestar la situación.
“Debemos de pensar obligatoriamente que este 2024 va a ser peor que el que el 2023 con el agravante que ya hay una falta de respeto por la autoridad”, dice Castaing.
“El año va a estar muy parecido porque no ha habido ninguna variación en cuanto asignación de recursos, por ejemplo al OIJ y al Ministerio Público, una asignación masiva de recursos económicos por parte de del presidente y del ministro de Hacienda es absolutamente necesario”, sostiene Ramos.
“Yo enfatizaría que la política en materia de gran narcotráfico está completamente equivocada”, agrega al cuestionar los ataques del presidente Rodrigo Chaves a las administraciones pasadas, las diferencias con la actual Asamblea Legislativa y apostarle solo a la colocación de los escáneres en los puertos como una solución operativa.
Ramos es del criterio que Costa Rica está a año y medio o dos años de igualar la crisis de Ecuador, que vive una lucha contra el narco sin precedentes y que cerró el 2023 como el país más violento de la región.
Por su parte, Castaing refuerza que las acciones ante esta ola de inseguridad en Costa Rica no están funcionando. “El éxito o el fracaso de una operación se mide por el resultado y tenemos que ha sido un fracaso”, considera.
El exjefe judicial insiste en la necesidad de un cambio para buscar leyes modernas y más fuertes, además de más recursos económicos, equipo, herramientas y personal para los cuerpos policiales.
Hasta el jueves 11 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registraba 24 crímenes, según la última actualización compartida, un promedio de casi dos diarios.
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