Hermes Solano
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen presentó una denuncia por el supuesto delito de quiebra fraudulenta luego de que, el 22 de julio anterior el Juzgado Concursal declaró la quiebra de Aldesa como consecuencia de la incapacidad para efectuar un convenio con los acreedores para el pago de sus deudas.
El Juzgado ordenó una convocatoria a los acreedores e interesados para que se apersonen a ejercer sus derechos.
El Ministerio Público confirmó que se investiga este hecho, incluido dentro del expediente del caso.
“La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen informó que, dentro del expediente 22-000362-1220-PE, se tramita una denuncia por el presunto delito de quiebra fraudulenta, en contra de grupo ALDESA”, indicó la autoridad judicial.
En este momento la causa se encuentra en una etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que no pueden brindar mayores detalles “en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”.
Al momento de declarar la quiebra, el Juzgado también ordenó emitir un oficio de comunicación de la apertura del concurso a los registros públicos, entidades públicas, financieras y bursátiles que puedan tener relación con las sociedades concursadas.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) informó el cese de los correos electrónicos con dominio @aldesa.com.
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Largo proceso
El caso Aldesa cobró relevancia el 8 de marzo de 2019, cuando la empresa Aldesa Corporación de Inversiones anunció a un grupo de unos 500 inversionistas, de varios proyectos privados, que les suspendería los pagos y que presentaría ante el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José una solicitud de administración y reorganización con Intervención Judicial.
A todos ellos se les adeudaba en esa fecha unos $200 millones. En la carta que hizo llegar a sus clientes, también se anunció el cierre del puesto de bolsa y el despido de aproximadamente 50 empleados de la empresa.
La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes aportaron sus recursos a proyectos que creían “de bajo riesgo”. Entre ellos, se cuentan dos grupos que externan especial vulnerabilidad: adultos mayores y asociaciones solidaristas que administran el dinero de trabajadores.
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Cuatro expedientes
La investigación principal del Caso Aldesa se ve bajo el expediente 19-0001571220-PE y sigue su curso normal, llevando los procesos, aunque sin tener claro cuándo se podría dar la acusación.
Según el fiscal general Warner Molina, al estar en una etapa preliminar de investigación, no pueden dar a conocer detalles; sin embargo en una intervención en Corte Plena semanas atrás dio alguna información.
“El caso Aldesa, como está denominado mediáticamente, no es un solo expediente, son cuatro expedientes; tres del área penal y uno civil”, explicó Molina.
“Se abrió una nueva investigación penal en 2019, que es el caso principal, en el que se hicieron allanamientos e imputación a una persona que está con medidas cautelares”, añadió.
Se trata de Javier Chaves, presidente de Aldesa, quien cumple medidas cautelares como impedimento de salida del país y firmar cada cierto tiempo.
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