Josué Alvarado
Dos empresas dejarán de alquilar dos locales y dos edificios que son propiedad del Fondo Inmobiliario de Inversión No Diversificado (FIIND) después de acumular deudas por $1.000.000 cada una. Ahora, la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), a cargo de los contratos, procede con el desahucio.
Se trata de un taller de vehículos ubicado en La Uruca, San José, y de una segunda compañía que alquilaba un edificio en Santa Ana y dos locales en Puntarenas.
La información la brindó uno de representantes de los inversionistas, Mario Carazo, a través de una llamada telefónica a El Observador .
“A mi lo que me alarmó es que por echarlos nos vamos a quedar con un edificio que solo sirve de servicio para taller de vehículos (…) y un millón de dólares de ‘perro amarrado'”, señaló Carazo sobre uno de los casos.
Esta reducción de la ocupación y la deuda por $2.000.000 que se acumuló a lo largo del tiempo fueron dos de los temas que se discutieron durante la asamblea que se realizó el pasado viernes 22 de marzo, entre inversionistas y la administración del fondo.
Para Carazo, los montos adeudados “vaticinan una mayor pérdida para el fondo medible en millones de dólares”. Narró que, en asambleas anteriores, la SAFI les informó que estaban tratando de renegociar los pagos, pero al menos él no sabía que se adeudaban esos millonarios montos.
“No sabíamos que se había acumulado esa cantidad”, comentó.
Al cierre de la asamblea de este viernes, el BCR informó, a través de un comunicado, que “se proporcionaron actualizaciones sobre gestiones legales relacionadas con desahucios de inquilinos morosos”.
OBSERVE MÁS: Administradores de pensiones que invirtieron en BCR SAFI exigen soluciones para salvaguardar dinero de los afiliados
Asamblea es un buen ejercicio pese a pocos resultados
A pesar de esta situación, Carazo defiende el ejercicio de transparencia y comunicación que significa esta asamblea.
“No hay satisfacción por parte de los inversionistas. Hay un disgusto completo de parte de los inversionistas y por supuesto por parte de nosotros también”, señaló, en el mismo sentido, el representante de las instituciones inversionistas, Carlos Arias.
Algunas de estas instituciones han invertido los fondos de las pensiones de los costarricenses en esta inversión. Ellas son:
- Vida Plena
- Popular Pensiones
- BN Vital
- Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema)
- Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial
Arias, además, preside el Comité de Vigilancia, un grupo creado en medio de los cuestionamientos y denuncias por los inversionistas para dar seguimiento a las acciones para proteger el FIIND.
“No se están obteniendo los rendimientos esperados en esta clase de inversiones”, señaló Arias.
También comentó que les preocupa “una serie de denuncias que están saliendo”.
“Hoy otra vez algunos inversionistas han hecho denuncias muy delicadas también”. Estas además de las que ya se conocen por la supuesta compra a sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), en Puntarenas y de otras dos propiedades ubicadas en La Uruca y que habrían beneficiado al mismo vendedor: el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas y sus sociedades cercanas.
“Esto nos llama a afilar más el lápiz y tomar las medidas de forma más contundente en cuanto a la recuperación de los recursos y también en el hecho de que se hagan las investigaciones que corresponden”, señaló Arias.
BCR: “Nos enfrentamos a desafíos y adversidades”
El Banco de Costa Rica (BCR) se refirió a la reunión de este viernes a través de un comunicado de prensa.
“Sabemos que nos enfrentamos a desafíos y adversidades, pero también vemos oportunidades significativas para avanzar y crecer”, dijo el gerente general de BCR SAFI, Allan Marín.
Según el banco, para esta ocasión se dieron detalles de las acciones para mejorar la ocupación e ingresos del PEP, una de las propiedades que se habría comprado a sobreprecio, ubicada en las cercanías del Puerto de Caldera.
Además, se informó que en este momento (cuatro años después de hecha la compra) se presentó un plan para cumplir con los requerimientos de seguridad del Cuerpo de Bomberos.
Por otro lado, se le informó a los inversionistas la contratación de la empresa INTRACA para gestionar los permisos de acceso al parque y así mejorar la accesibilidad a la propiedad.
Fiscalía y Sugeval investigan
Tanto la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción como la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tienen expedientes abiertos en los que se investiga si se pagó o no un monto mayor al que correspondía al exdiputado Vargas.
En la Fiscalía se generó el expediente 21-000209-1218-PE, por el presunto delito de sobreprecio irregular. Aquí se investiga únicamente la compra del PEP.
La Sugeval, por su parte, investiga lo que los inversionistas llaman un “modus operandi”, pues no fue una única propiedad con la que se habría beneficiado con un sobreprecio al exlegislador, si no que también habría ocurrido con otras de las inversiones en bienes.
