Tomás Gómez
¿Está vigente el artículo para las investigaciones contra el crimen organizado, del cual dependen casos tan mediáticos como Cochinilla y Diamante?
Esa es una interrogante abierta desde hace meses en corrillos judiciales y la Asamblea Legislativa, donde se ven posibles proyectos para enmendar la situación.
A esas voces se sumó el miércoles la del presidente Rodrigo Chaves, advirtiendo que hay una posible amenaza contra diferentes investigaciones.
“La incertidumbre sobre el artículo 2 hace que Cochinilla se pueda caer, que todo lo que está pasando en Cochinilla se pueda caer”, acotó el mandatario. También citó casos importantes de crimen y narcotráfico.
“No se han puesto de acuerdo todavía sobre si el artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado está en vigencia o no”, sumó.
Adujo de paso que es un debate entre varios Poderes.
“He estado muy calladito, respetuoso de que la Asamblea y el Poder Judicial se pongan de acuerdo”, apuntó.
El presidente citó un proyecto para enmendar la derogación del artículo 2 de la Ley de Crimen Organizado como uno de los planes que es necesario impulsar para combatir los problemas de inseguridad en el país que se agudizaron por el narcotráfico y las guerras entre pandillas.
El artículo clave en debate
El 24 de julio del 2009 entró a regir la Ley contra la Delincuencia Organizada (N° 8754). Esta normativa introdujo innovaciones como el hecho de tener los plazos legales duplicados para estos casos especiales.
Ocho años después, en 2017, se promovió una reforma para generar tribunales específicos, conocida como la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de Costa Rica (N° 9481).
Esta incluía reformas a la ley N° 8754 y para introducirlas, procedía a derogar varias de las disposiciones.
Eso sí, la ley era clara que entraría hasta un año después de su publicación en La Gaceta. El documento se publicó en 13 de octubre del 2017, por lo que regiría al día siguiente de dicho aniversario, es decir, el 14 de octubre del 2018.
Problemas logísticos y financieros complicarían la aplicación de la ley, por lo que se aprobó una reforma en 2018. Esta le dio un año más de espera, trasladando así al 14 de octubre del 2019 la puesta en práctica de la ley.
Justo al filo de ese plazo, el Congreso debió aprobar una nueva postergación, en este caso, se estableció que la Jurisdicción de Crimen Organizado operaría hasta 18 meses después de que se contara con el presupuesto necesario.
Eso sí, la norma en cuestión terminó por oficializarse el 30 de octubre del 2018 con su publicación en La Gaceta. En este caso, la disposición sería de aplicación inmediata.
Es justo ahí donde surgen los cuestionamientos pues hubo un lapso de 16 días en que reforma sí estuvo vigente.
OBSERVE MÁS: Norma clave contra crimen organizado habría quedado eliminada al sobreponer leyes
En una interpretación general, se extrae por tanto que la norma habría eliminado algunas de las disposiciones originales de la Ley contra la Delincuencia Organizada. El problema es que las disposiciones que las sustituirían están congeladas hasta que pasen los 18 meses que impuso la última ley.
Es decir, el Derecho Costarricense estaría ante un vacío jurídico que podría afectar importantes casos que se tramitan como “crimen organizado”.
Bajo esa figura de “crimen organizado” se amplían los poderes judiciales durante las investigaciones. Dos de sus principales implicaciones son el aumento de plazos y la facilitación de obtención de pruebas mediante tácticas como las intervenciones telefónicas.
Chaves promete anuncios
En medio del debate sobre la inseguridad del país, el presidente Chaves reiteró que están preparando un plan de abordaje.
Al respecto pidió paciencia para la presentación.
No obstante, semanas atrás el Gobierno prometió que este mes se presentarían reformas de ley para temas como:
- Portación de armas
- Extradición
- Medidas cautelares
- Prisión preventiva
- Beneficios carcelarios
- Intervenciones telefónicas
- Ley Penal Juvenil
- Parámetros mínimos de sentencia
