Josué Alvarado
La Superintendencia de Pensiones (Supen) se pronunció en contra dos iniciativas que, a su criterio, generan “ilusorias expectativas” y ponen en riesgo el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
La primera es la reforma que prepara la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que las personas se puedan pensionar a los 57 años, pero haciendo el pago de las cuotas por adelantado.
Y la segunda es el proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez, quien pretende que los asegurados puedan utilizar los recursos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias (RVPC) o del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) para pagar esas cuotas por adelantado y pensionarse.
Este proyecto se tramita bajo el expediente 23.547 y todavía no se la ha asignado una comisión.
La Supen hizo un llamado de alerta e informó que hará los análisis necesarios para determinar los impactos de dichas medidas.
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“Soluciones cortoplacistas”
“No es con soluciones cortoplacistas como se va a lograr una pensión digna para nuestros adultos mayores, sino con la determinación de seguir fortaleciendo lo que hemos construido”, señaló la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar.
Para la Supen, la posibilidad de pagar el retiro anticipado de cinco a ochos años no deriva en una medida sustancial en la sostenibilidad de la CCSS.
Sin embargo, señala que lleva un claro costo para los afiliados: cuotas que habrían cotizados, montos de pensión mensuales, aguinaldo y pago del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
Además, la Supen alerta que las pensiones que actualmente paga el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no se encuentran suficientemente respaldadas en aportes futuros o reservas.
La pensión anticipada podría aumentar la dependencia al régimen básico, señala el ente.
“Esta situación podría empeorar por la presencia de retos estructurales como el desempleo y la informalidad, por lo que esta iniciativa podría tener un efecto negativo a mediano plazo en el SNP”, señaló la Supen.
La Supen también señaló que actualmente por cada trabajador asalariado se cotiza un 12,16% sobre el total de salarios devengados: el patrono aporta un 5,75%, el trabajador un 4,50% y el Estado un 1,91%.
“Financiar estos aportes excede la capacidad de ahorro del trabajador promedio en el ROPC”, dice un comunicado de la Supen.
