Tomás Gómez
La audiencia de medidas cautelares del Caso Cochinilla inició este lunes con una solicitud del empresario Carlos Cerdas para hacer una salida express del país.
Una de las restricciones vigentes contra el hombre es el impedimento de salida del país.
No obstante, se hizo la solicitud formal para generar dicha excepción.
El permiso se extenderá por 3 días y 2 noches.
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¿Qué pasa en Cochinilla?
Las últimas medidas cautelares del Caso Cochinilla están a punto de vencer. Por ello, se convocó una nueva audiencia para definir qué acciones seguirán o cambiarán.
La cita arrancó este lunes con algunas complicaciones logísticas por la capacidad de las salas.
Tras ello, la Fiscalía arrancó su exposición. Luego será el turno de los abogados defensores.
Actualmente no quedan personas detenidas, sólo con medidas como prohibición de viajes, firmar cada cierto tiempo o no acercarse a testigos.
El proceso está a cargo del juez Felix Castellón.
Las partes señalaron que esperan terminar este trámite esta misma semana, mientras el caso se mantiene bajo investigación.
El caso
Los allanamientos que sacaron a la luz pública el Caso Cochinilla fueron el 14 de junio del 2021.
Desde entonces el debate se ha enfocado en qué pasó eventualmente con ¢78.000 millones. Aunque las autoridades dijeron desde de un inicio que no se trataba de un robo, la idea quedó en el imaginario colectivo.
“Hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria generada por esos traslados irregulares que rondan los ¢78.000 millones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído sino que lo han malversado. Lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones”, dijo Walter Espinoza, entonces director del OIJ, fallecido el año anterior.
Semanas atrás la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó ante Fiscalía que el dinero nunca salió pues la crisis previa al Plan Fiscal hizo que se destinara a otros temas.
Los hechos cuestionados se habrían dado en 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020.
La investigación detectó eventuales cobros de dádivas y sobornos que eventualmente recibían burócratas para beneficiar a las empresas constructoras de obras viales, Meco y Hernán Solís, a cargo de importantes proyectos.
Esos intercambios iban desde pagos en efectivo y salchichón para fiestas, hasta servicios sexuales.
Por este caso, se generó una investigación legislativa que terminó recomendando sanciones contra jerarcas del gobierno del presidente, Carlos Alvarado.
Casa Presidencial fue objeto de un allanamiento por este sonado caso.
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