La Defensoría de los Habitantes envió una nota al Ministerio de Educación Pública (MEP) en la que pide información sobre el cumplimiento de acuerdos adoptados por el Consejo Superior de Educación.
También, solicita detalles sobre los avances en la ejecución de programas destinados a garantizar un servicio educativo de calidad y el derecho humano a la educación.
Así lo informó el ente en un comunicado de prensa compartido este viernes.
El noveno Informe Estado de la Educación se publicó el 31 de agosto, y en él se evidencia la condición del sistema público costarricense, después del llamado apagón en la pandemia.
La Defensoría justifica el llamado a cuentas que hace al MEP en algunos de los hallazgos.
Por ejemplo, la inversión en educación y el presupuesto proyectado para el año 2024, así como acciones para la expansión de la cobertura de la educación bilingüe, el fortalecimiento de la educación técnica, la mejora de la infraestructura escolar y la ampliación de los centros educativos que ofrecen un currículo completo.
La Defensoría de los Habitantes busca además conocer los avances en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que se refiere a la educación de calidad.
La Defensora, Angie Cruickshank, destacó que muchas de las alertas que da el estudio coinciden con las denuncias que los ciudadanos presentan ante ese ente, exigiendo un servicio educativo de calidad.
Cruickshank enfatizó la importancia de la colaboración entre múltiples sectores, incluyendo la institucionalidad pública, las universidades públicas y privadas, el sector privado, las organizaciones de docentes, los padres de familia y los estudiantes, para definir y llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer el sistema educativo costarricense y asegurar una educación de calidad para más de un millón de estudiantes en el país.
“Llegó el momento de actuar”, enfatiza el comunicado de prensa y el mensaje de la defensora.
El Estado de la Educación es un análisis que realiza un grupo de investigadores y que evalúa la educación costarricense.
“Ofrece la información más actualizada y completa sobre este tema disponible en el país, de modo que provee la base para la identificación de desafíos nacionales en materia de educación y de oportunidades de reforma en las políticas públicas”, dice la reseña en el sitio web.
Pertenece al Programa Estado de la Nación, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que agrupa a las cinco universidades públicas. Los informes se publican independientes al gobierno de turno.
Entre las conclusiones para este año, se advierte que toda una generación de estudiantes sigue afectada por las consecuencias que dejó el apagón educativo entre 2018 y 2021. Esa crisis, lejos de aliviarse, se está agravando.
Se estima que Costa Rica perdió casi lo equivalente a dos años de enseñanza por la suspensión de clases presenciales entre 2020 y 2021, siendo uno de los tres países con más rezago de toda la región.
El estudio también advierte de una baja importante en el presupuesto educativo e incumplimientos de leyes y metas que el país se había trazado. Entre ellas: poco crecimiento de colegios técnicos, la enseñanza del inglés, la preparación de los profesores y las escuelas con currículo completo que no llega al 10%.
También evidencian que estudiantes de cuarto grado de escuela tienen alto rezago en las habilidades de lectura y escritura.
La ministra de Educación, Ana Katharina Muller, minimizó los resultados al argumentar que corresponden al periodo antes de que la nueva administración asumiera y defendió las medidas tomadas desde el MEP.
Los encargados del informe rechazaron esas aseveraciones y confirman que el tiempo de análisis incluye el 2022 y parte de este año.
Allan Arroyo
